Nuevo peldaño en la larga caída de Rodrigo Rato. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ordenó ayer la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankia y otras 11 personas por los contratos de publicidad encargados por las dos entidades financieras a las firmas Publicis y Zenith en el 2011 y el 2012. El juez instructor estima que, tras llegar a esos cargos, el exvicepresidente del Gobierno maniobró para firmar de forma irregular a las dos empresas a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros. El fiscal pide para el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones.

Rato está en prisión desde el pasado octubre, cumpliendo una condena de cuatro año y medio por las tarjetas black. Además, la Audiencia Nacional le está juzgando estos días por fraude a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia en el 2011, un proceso en el que podría ser penado con hasta 12 años de cárcel. Paralelamente, la justicia investiga desde el 2015 el origen de su fortuna personal. De este proceso se deriva el juicio por los contratos de publicidad, pero también se sigue analizando si cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La mayor pena, similar a la de Rato, es la que ha solicitado el fiscal para Alberto Portuondo, su supuesto testaferro. Para el resto reclama tres años de cárcel y 2,5 millones de sanción. Se trata de varias personas de la máxima confianza de Rato: José Manuel Fernández Norniella (a quien nombró en su día secretario de Estado de Comercio y consejero ejecutivo de Bankia, que ya fue condenado a un año menos un día de cárcel por las black y está siendo juzgado por la salida a bolsa del banco), María Teresa Arellano (su secretaria), Miguel Ángel Montero (administrador de sus empresas familiares) y Domingo Plazas.

También irán al banquillo varios directivos de las agencias de publicidad (Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez). El juzgado reclamó ayer a todos los procesados una fianza de responsabilidad civil por importe de 4.522.154 euros. De no abonarla, se procederá al embargo de sus bienes.

SACAR PROVECHO PERSONAL / En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción aseguró en marzo que «conocedor de que los gastos en contratación de publicidad por parte de la entidad que presidía iban a ser elevados, Rodrigo Rato, con desprecio al principio de lealtad a que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico personal. A tal fin, se sirvió de tres personas con quienes desde hacía años mantenía lazos personales y profesionales, a través de quienes canalizaba el cobro de comisiones desde las empresas hasta la sociedad patrimonial de Rato, Kradonara 2001 SL, receptora de las mismas».

Según el fiscal, Portuondo pactó con Olazábal a mediados del 2010 que Publicis y Zenith accedieran en «condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar». Las comisiones (1.244.130,72 euros en el 2011 y 778.023,8 euros en el 2012) se ingresaron en la sociedad pantalla Albisa, que a su vez transfirió más de 800.000 euros a Kradonara. Los pagos cesaron cuando cesó Rato.