La subida del IVA reducido del 10% al 21% y la rebaja del tipo general del impuesto de Sociedades del 30% actual hasta un mínimo del 20% son dos de las propuestas incluidas en el informe que ha elaborado el comité de nueve sabios designados por el Gobierno en julio pasado con el fin de hacer propuestas para la gran reforma fiscal que el Ejecutivo prevé llevar en junio al Parlamento. La conocida como Comisión Lagares debía haber presentado oficialmente su informe al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el jueves pasado para que este lo llevara ayer mismo a la mesa del Consejo de Ministros. La ausencia de Rajoy (en Dublín, en el Congreso del Partido Popular Europeo) ha retrasado la entrega formal del documento a la próxima semana.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, entre sus propuestas, el informe de los expertos incluye una nueva y radical subida del IVA que, según plantean, pasaría por subir del 10% actual al 21% salvo para vivienda, servicios turísticos y el transporte público. El Comité Lagares aboga por mantener por ahora el actual tipo superreducido del 4% que se aplica a productos básicos, como los alimentos, para no perjudicar a las clases sociales vulnerables. El tipo general se mantendría en el 21%, coincidente con la media en la UE.

Montoro ha reiterado en numerosas ocasiones que el Gobierno no prevé incluir en su reforma una subida de tipos del IVA. Pero no es descartable que algunos productos que tributan como superreducido o reducido cambien su clasificación.

BIENES Y SERVICIOS Así, si el Gobierno atiende la propuesta de los expertos, pasarían a estar gravados con el 21% el agua, los medicamentos de uso animal, aparatos ortopédicos (incluidas gafas y lentillas), las obras de reparación de vivienda, la compraventa de objetos de arte y los servicios municipales de alcantarillado y limpieza. También bienes y servicios destinados a actividades agrícolas, forestales o ganaderas; los prestados por intérpretes y artistas, entre otros.

Los expertos apuntan que si se produce una rebaja de cotizaciones sociales, como la que ya se ha producido con la tarifa plana para nuevos contratos indefinidos, la subida al 21% se debe extender a refrescos y agua embotellada y a la entrada a bibliotecas y espectáculos deportivos.

TIPOS Y DEDUCCIONES En el modelo del Comité Lagares, la subida del IVA y la potenciación de los impuestos medioambientales deberían servir para acometer una rebaja de tipos en el impuesto de Sociedades y en el IRPF que también se compensaría con la desaparición de bonificaciones fiscales. En concreto, en el impuesto sobre Sociedades plantean bajar el tipo general del 30% entre 5 y 10 puntos, hasta un mínimo del 20%. Una fórmula podría pasar por hacer la rebaja de forma gradual del 30% al 25% y de ahí al 20% (en la UE, el tipo medio se sitúa en el 23%).

A diferencia de la propuesta de subir el IVA reducido del 10% al 21%, la de bajar el tipo de Sociedades sí encaja con los anuncios que viene haciendo el Gobierno, en combinación con un recorte de deducciones fiscales del impuesto. Las principales bonificaciones del impuesto son las relacionadas con la existencia de tipos reducidos para pymes (del 25% y 20%) y para las sociedades de inversión (del 1%), que absorben el 4% de la recaudación total. La nueva deducción por inversión de beneficios de las pymes absorbe el 2% de la recaudación y la de I+D+i, otro 1%.

La rebaja del tipo nominal de Sociedades al 20% amenaza al sector financiero que acumula 50.000 millones de bases imponibles negativas del pasado pendientes de compensación que, en lugar de reportar una ventaja futura (en forma de menor pago de impuestos) de 15.000 millones (el 30% del total) se limitará a 10.000 (el 20%).

El problema más grave que esta medida plantearía a la banca gira sobre la parte de esos activos fiscales diferidos (30.000 millones) que computan como capital de las entidades y que son determinantes para garantizar la solvencia que requiere la nueva norma contable internacional. Rebajar la ventaja fiscal sobre esos 30.000 millones descafeinaría la reforma legal adoptada por el Gobierno para permitir su cómputo como capital.