El Gobierno trata de rebajar la oleada de indiganción ciudadana generada tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas. El presidente, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallo judicial y ha anunciado que su Ejecutivo aprobará este jueves en el Consejo de Ministros una modificación legislativa para que sean las entidades financieras, y no los consumidores, quienen asuman el pago de ese gravamen, eso sí, la medida no tendrá retroactividad. "Queremos que pague la banca y no la ciudadanía", ha resumido Sánchez en una comparecencia en la Moncloa.
La vía para hacer el cambio es modificar la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con un decreto ley que se validará este jueves y entrará en vigor el lunes, tras su publicación el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, los ciudadanos que firmen hipotecas a partir de la semana que viene estarán exentos de pagar el impuesto y deberá ser abonado por los bancos. El Gobierno rechaza, de esta manera, la propuesta del PP para eliminar totalmente la tasa, y aduce que este impuesto permite a las comunidaded autónomas una recaudación fundamental para poder sufragar el Estado del bienestar.
Además, el Gobierno anuncia la creación de una autoridad independiente de protección de clientes financieros, para evitar eventuales abusos de la banca.
Sánchez ha pedido al Tribunal Supremo que abra una "reflexión" y haga "autocrítica", pero ha querido en todo momento desvincular su decepción por esta sentencia de un descrédito generalizado sobre su reputación que pudiese afectar a su credibilidad ante el inminente juicio a los líderes del 'procés'.
"Tiene que hacer autocrítica el Tribunal Supremo, pero son cosas distintas, nada tiene que ver una con la otra", ha opinada. Fuentes de la Moncloa no esconden la inquietud en el Ejecutivo porque la polémica de las hipotecas erosione la imagen del tribunal a las puertas del juicio de contenido político más trascendente de la democracia.
Calle o instituciones
Esta preocupación por la reputación del TS y el hecho de que el principal aliado de Sánchez, Pablo Iglesias, haya hecho un llamamiento a la ciudadanía agitando la indignación para participar en una manifestación masiva el próximo sábado, ha acelerado la respuesta del Gobierno. En un principio, tras conocerse el fallo, el Ejecutivo dijo que no expresaría su parecer hasta el jueves. El clima de incendio ha obligado al gabinete presidencial a pisar el acelerador.
Sánchez ha evitado criticar a Iglesias pero ha marcado distancias. "Cada partido es libre de hacer oposición como considere. Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones", ha apuntado el presidente. Desde la Moncloa quieren subrayar que, mientras algunos se dedicana agitar la calle, las respuestas efectivas están en el Parlamento. Un debate (calle vs. instituciones) que las familias de Podemos conocen bien.
Sánchez no ha respondido si, con este contexto, el Gobierno desestima o mantiene la intención de aprobar un nuevo impuesto a la banca. El ministerio de Hacienda admitió la semana pasada que la sentencia del Supremo condicionaba la voluntad del Ejecutivo de forzar a los bancos a hacer una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos para evitar tener que dar nuevas ayudas públicas este año. El presidente ha remitido esta respuesta al ministerio de Economía.
