El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacó pecho ayer ante los banqueros para justificar el cambio legal aprobado por el Ejecutivo que obligará a la banca a pagar el tributo de actos jurídicos documentados (AJD) en la concesión de las hipotecas. Sánchez utilizó prácticamente el mismo argumento que esgrimió el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, «la repercusión económica y social», para convocar el pleno que rectificó el primer cambio de doctrina que atribuyó a los prestamistas (los bancos) el pago del mayor impuesto que grava la constitución de una hipoteca y lo reatribuyó a los clientes.
En una intervención en el Foro Iberoamérica que se celebró ayer en Madrid, ante un auditorio en el que estaban presentes el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, Pedro Sánchez afirmó que en un Estado de derecho como España, «las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten», pero el Gobierno y el Parlamento también pueden «cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales».
Con esta apelación a la adaptación a las necesidades de la sociedad, Sánchez justificó la aprobación del real decreto que hará que a partir de hoy el sujeto pasivo del impuesto hipotecario sea la banca. Y recalcó también el nuevo mantra del Gobierno: «La democracia también es que no paguen siempre los mismos».
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el real decreto que modifica la ley del impuesto de actos jurídicos documentados, que atribuye a la banca su tributación, y que modifica también el impuesto de sociedades para impedir que la banca se reduzca como gasto el citado AJD. De esta manera, el Gobierno se asegura que el cambio de sujeto pasivo tendrá un efecto nulo para las arcas públicas y que lo que antes ingresaba a cargo de los clientes, ahora lo hará a cuenta de los prestamistas.
Pero este cambio legal ha dejado insatisfecha a una parte de la sociedad a la que apelaba Sánchez ante los banqueros por el hecho de que no tiene efectos retroactivos y que, de entrada, hará mucho más difícil (o casi imposible sin ir a los tribunales) poder recuperar lo que pagaron de AJD a los que ya tienen una hipoteca.
PROTESTAS EN TODO EL PAÍS / Tras el dictamen en favor de la banca, los actores sociales han salido a la calle para expresar su rechazo. A las concentraciones convocadas hoy frente a la sedes del poder judicial a lo largo de toda la geografía española le calentaron el ambiente diversas protestas celebradas ayer. En Barcelona, sindicatos, organizaciones cívicas y de defensa de los derechos de los consumidores clamaron contra un fallo que consideran «injusto» y «contrario a los intereses de la mayoría de la población».
«La decisión del Tribunal Supremo demuestra que el poder judicial no es tan independiente», declaró el secretario general de UGT a nivel estatal, Pepe Álvarez. También cargó contra el posterior decreto de Pedro Sánchez por «insuficiente», ya que considera que debería tener un efecto retroactivo. Las entidades manifestaron que la decisión del Supremo supone un «retroceso democrático», en palabras de la portavoz de la PAH, Lucía Delgado. «Es una muestra de que los poderes del Estado han abdicado de su responsabilidad», opinó por su parte el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco. «La justicia debe renovarse, si no, ponemos en riesgo la democracia», añadió el líder vecinal Jordi Giró.
