El Estado lleva años evitando reconocer que no podrá recuperar todas las ayudas públicas inyectadas a la banca (86.621 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas). Pero la Sareb se desmarcó ayer de esta estrategia y admitió que no cree que pueda devolver la totalidad de los 2.194 millones que recibió en el 2012. «No creemos que vaya ser así», reconoció su presidente, Jaime Echegoyen, en la comisión de investigación de la crisis en el Congreso.

Echegoyen precisó que el banco malo tratará de devolver la «mayor cantidad posible» a sus accionistas (grandes bancos y empresas, además del Estado). También sostuvo que la Sareb, según su último plan de negocio, no necesitará aportaciones adicionales de sus accionistas, en contra de lo que teme la Comisión Europea. Eso sí, admitió que, aunque ese plan se basa en un escenario prudente, podrían hacer falta más recursos si la situación en los próximos diez años fuera peor de la prevista.

En ese caso, apuntó, el Congreso tendrá que decidir «si merece la pena o no seguir con este negocio». En la misma línea, rechazó plantearse una ampliación del plazo de vida concedido por el Gobierno a la Sareb, que finaliza en noviembre del 2027. «Llegado el momento, ojalá fuera porque lo hacemos tan bien que nos dan más activos de otra gente», aseguró ayer Jaime Echegoyen en la comisión del Congreso.

UNA DECISIÓN ERRÓNEA / El ejecutivo también reveló que liquidar el polémico swap que contrató la Sareb en el 2013 (para protegerse de fluctuaciones de los tipos de interés y que le ha perjudicado al impedirle beneficiarse de su bajada) dejaría a la compañía en una situación patrimonial precararia: costaría 1.900 millones de euros (frente a los 2.686 del 2016).

Asimismo, reveló que el banco malo ha trasladado a la fiscalía 18 operaciones (concesiones de créditos principalmente) sospechosas de constituir delitos con un perjuicio de 355 millones de euros.