Los sindicatos agrícolas y las cooperativas cifraron ayer el excedente de fruta de hueso en Aragón en entre 30 y 40 millones de kilos, según le expusieron ayer, lo que se ha traducido en un descenso de los precios del 40%. Así se lo expusieron ayer al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, durante la reunión que mantuvó con UAGA, Asaja, UPA, entre otras organizaciones, que le exigieron «soluciones» ya que «la cantidad de fruta que se ha retirado del mercado no se ajusta a lo que el sector requiere», apuntó el responsable del sector en UAGA, Vicente López.

El director general de Producción Agraria, José María Salamero, reiteró ayer que «el cupo de retirada marcado por el Gobierno central ya está consumido» y alertó de que el Gobierno de Aragón es «bastante escéptico con poder ampliarlo». Por ello, apuntó como mejor solución la «unión de los agricultores para que se tenga un conocimiento en el sector de cuánto hay que comercializar y cómo se está haciendo».

La solución para los agricultores se basa, sin embargo, en tres vías: la destrucción de la fruta, su donación a asociaciones y agrupaciones, o su transformación en zumos, que es lo que mayoritariamente se ha hace con la cosecha sobrante de este año.

En estos momentos, en España ya se han retirado 9.000 millones de kilos, de los que un 39% proceden de Aragón. Sin embargo, desde UAGA no lo ven suficiente y López asegura que «hay que buscar otras alternativas para un sector del que dependen 15.000 empleos y que debería estar más protegido». Desde Asaja, Ángel Samper, indicó que el Gobierno de Aragón «está vilipendiando al medio rural» por lo que lamentó que «no se vaya a conseguir nada con esta reunión».

VETO RUSO / Todas las organizaciones apuntaron al veto ruso a los productos europeos, vigente desde 2014, como uno de los causantes del exceso de producción. El secretario de Organización de UPA Aragón, Enrique Arcéiz, indicó que «hay que exigir que se nos saque a los agricultores del problema del veto ruso» por lo que solicitó a la DGA que transmita a España y a la UE «que se deje el sector fuera de los problemas políticos».