Tres semanas después de que Rusia decidiera prohibir la entrada de determinados alimentos de la Unión Europea, los productores aragoneses siguen esperando soluciones mientras contemplan cómo la fruta se estropea. Según informó ayer el Ejecutivo autonómico, se espera que hoy llegue el reglamento del Ministerio de Agricultura para poder llevar a cabo la retirada de melocotones y nectarinas a "otros destinos" no alimentarios distintos de la beneficencia y la industria transformadora de zumo, medidas ya aprobadas antes del bloqueo de Putin, y que entra en vigor el próximo lunes. Este documento es el que recoge el protocolo para la destrucción de fruta para compostaje, actuación que el sector confía en que se pague a 20 céntimos por kilo en lugar de los 13 actuales.

Aragón cuenta con un cupo de fruta para su conversión en zumo de 2,5 millones de kilos, de los que ya ha cubierto el 75% (a nivel nacional se ha entregado el 40% de las 10.000 toneladas aprobadas hasta el momento). Las organizaciones agrarias llevan días denunciando que tanto los bancos de alimentos como las industrias de cremogenados están ya "saturadas". La comunidad solo cuenta con dos transformadoras de zumo, Zucasa y Zufrisa, por lo que una solución sería poder proveer a industrias de otras comunidades.

En este sentido, la Unión de Agricultures y Ganaderos de Aragón (UAGA) denunció que en el ministerio no hay nadie que coordine este asunto e insistió en pedir "celeridad" porque la campaña de fruta de hueso temprana está a punto de acabar. Asimismo, exigió que los 423 millones del fondo de crisis de la PAC se destinen a ayudas directas o créditos blandos y anunció su intención de convocar un acto de protesta en Madrid la próxima semana.

El próximo miércoles, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se reunirá con los consejeros del ramo de todas las comunidades para preparar el consejo extraordinario de ministros europeos del viernes 5 de septiembre. Así lo anunció ayer tras el encuentro que mantuvo con su homólogo francés, Stéphane Le Foll, con el fin de analizar el embargo ruso y adoptar una posición común: pedir a la Comisión Europea que apruebe y amplíe medidas como la retirada de la producción, el almacenamiento, las restituciones a la exportación y las ayudas a la promoción, entre otras; y que impulse "activamente" la búsqueda de mercados alternativos en países terceros para los productos agroalimentarios afectados por el embargo.