Los trabajadores aragoneses del sector del telemárketing se sumaron ayer a la huelga de 24 horas que se convocó a nivel nacional para exigir a la patronal el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo que lleva paralizado dos años.

A consecuencia de ello, más de 2.000 trabajadores aragoneses del sector han visto congelados sus salarios, «ya de por sí precarios, por debajo de los 800 euros», según explicó ayer Pili Bautista, delegada en Aragón del sindicato CGT.

Según la federación, un 60% de los trabajadores de la comunidad que dan servicios de atención al cliente de compañías y organismos públicos y privados secundaron la huelga y unas decenas de ellos se concentraron ayer en la plaza de España de Zaragoza para pedir una mejora de sus condiciones.

El recorte de los derechos laborales es uno de los principales puntos de conflicto. A un salario «no acorde con el coste de la vida», según CGT, se suma «la disminución de horas médicas retribuidas», «la reducción de 2 días de los 14 festivos al año», «la alta temporalidad» de los contratos y unas condiciones recogidas en el artículo 17 del convenio que permiten despedir a trabajadores contratados por obra y servicio antes de que finalice, alegando solamente un descenso en el volumen de las llamadas.

Con el fin de atajar esta problemática, Pili Bautista exigió ayer más contratos de jornada completa, ya que «el 75% de ellos recogen jornadas parciales», el impulso de «medidas de conciliación» en un sector feminizado en un 80% y la recuperación del 5% del poder adquisitivo que se perdió en el anterior convenio firmado por los sindicatos CCOO, UGT y la patronal.

En cuanto al funcionamiento de los servicios a lo largo del día de ayer, la huelga provocó tiempos de espera para el cliente de más de 20 minutos y, en algunos casos, desvío de llamadas a otros centros de Latinoamérica. «Lo esperado», según CGT.

Esta movilización se suma a las celebradas el año pasado y el anterior, que también reclamaban el desbloqueo de la negociación del convenio que regula a este colectivo.

Las empresas del sector facturaron 2.400 millones de euros en el 2015, según un estudio elaborado por la consultora Informa D&B, y emplea a una media de 85.000 personas en España.