El Tribunal de Cuentas ha detectado casi dos millones de bajas laborales (1.915.242 exactamente) no controladas entre los meses de octubre del 2010 y diciembre del 2012, que suponen un gasto de 1.185 millones de euros a la Seguridad Social. El dato ha sido revelado hoy por el presidente de este órgano fiscalizador, Rafael Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. No obstante, Álvarez de Miranda no achacó esta falta de control a los trabajadores, sino a los responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que no realizaron las inspecciones oportunas, así como a las comunidades autónomas que no facilitaron la información correspondiente para que el cruce de datos informáticos resultara eficaz.
Álvarez de Miranda ha asegurado que el "grave defecto de control interno" de las bajas se debe a que "los servicios públicos de salud de varias comunidades autónomas incumplieron su obligación de remitir los partes médicos de confirmación" de dichas bajas, y a que la base de datos del INSS presentaba "limitaciones y carencias de información" sobre los procesos de incapacidad a cargo de las empresas.
El gasto desciende
Según el primer informe que sobre el tema realiza este tribunal, el gasto por incapacidad temporal ha ido bajando en los últimos años. En concreto, las obligaciones netas reconocidas por las entidades de la Seguridad Social --INSS, Instituto social de la Marina y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales-- fueron de 6.241 millones en el 2011 y de 5.360 millones en el 2012.
En concreto, en el 2012 las bajas laborales controladas por el INSS descendieron el 31,4% respecto del año anterior debido a la exclusión de los contratos a tiempo parcial de los procedimientos de comprobación.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha alertado de que las demoras existentes en los servicios públicos de salud de las autonomías respecto a la prestación sanitaria a los trabajadores asegurados por las mutuas ocasionó que determinados procesos de incapacidad temporal se alargasen de forma innecesaria, lo que supuso que el importe de la prestación económica se incrementase, con el consiguiente "perjuicio económico".
