Una tormenta negra azota al sector energético español. El primer pasó de la borrasca llegó a las principales empresas eléctricas y gasistas la semana pasada cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuso un recorte millonario a las retribuciones de sus actividades reguladas. Su efecto causó el desplome bursátil inmediato de las principales empresas afectadas y amenaza con explosionar en una batalla a nivel internacional.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia plantea -en el marco de sus recién estrenadas competencias para fijar los peajes que cobran las eléctricas y gasistas por las redes- un recorte de las retribuciones cercano a los 5.000 millones de euros en total.
Las más afectadas son las empresas de gas a las que el regulador presentó una rebaja de un promedio del 17,8% en la distribución (que afecta, sobre todo, a Naturgy) y del 21,8% en el transporte (Enagás), durante el quinquenio 2021-2026, lo que significa, cerca de 3.000 millones menos en total.
En el caso de la electricidad, el recorte es del 7% en la distribución (Endesa e Iberdrola son las más afectadas) y del 8,2% en el transporte (REE) para el periodo 2020-2025.
Esto se traduce como un jarro de agua fría para las empresas que provocó una cascada de caídas en bolsa desde el viernes pasado. Enagás, Naturgy, Red Eléctrica, Iberdrola y Endesa llevan ya 6.500 millones de euros de capitalización perdidos (4.400 entre el jueves y el viernes de la semana pasada). Y la agencia de calificación crediticia Fitch acaba de poner sobre «vigilancia negativa» los rátings de Enagás, Naturgy y Madrileña Red de Gas.
ÓRDAGO
La respuesta de Naturgy fue un órdago a la CNMC con la pausa temporal de las nuevas inversiones de su distribuidora de gas (Nedgia) hasta que se dé suficiente «visibilidad regulatoria» al próximo periodo retributivo. Y la patronal de instaladores del gas, formada por un total de 19.000 empresas, advirtió sobre una posible pérdida de empleos en un sector que cuenta con 100.000 trabajadores. Por su parte, Red Eléctrica criticó que con esa retribución se pondrían en peligro las inversiones para la tan necesaria transición energética, algo que también planteó la patronal de la distribución eléctrica (Aelèc). Y esta es la principal crítica de las empresas: un recorte así provocaría incertidumbre y haría peligrar las inversiones.
Pero, la decisión del superegulador no es ninguna novedad. La CNMC lleva años advirtiendo acerca de la sobreretribución de las energéticas, con especial énfasis en las gasistas.
Y, en su memoria económica, lo deja claro: «El modelo de retribuciones actual ha dado lugar a la pérdida de competitividad de los consumidores (…) y a la creación de una deuda del orden de 1.000 millones de euros (…) mientras que las empresas transportistas y distribuidoras mejoraban sensiblemente sus rentabilidades».
BORRADOR
Además, ya el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal llegó a trabajar sobre un borrador que preveía un ajuste para el sector del gas por encima de los 200 millones de euros en el año 2018. El PP no ejecutó esa propuesta, pero la CNMC cuando adquirió las competencias puso la maquinaria a trabajar. El diseño del organismo está en consulta pública hasta el día 9 de agosto para enviar alegaciones y las principales afectadas ya han anunciado que van a participar. Las empresas se aferran a eso y a la intervención del Gobierno en sus «orientaciones de política energética», pero el regulador es quien tiene la última palabra y no parece que vaya a dar marcha atrás.
Si eso ocurre, el problema podría venir de la trastienda de estas empresas, participadas por poderosos fondos internacionales como Allianz o CVC Capital Partners que invirtieron en estos activos por la seguridad que les daban estas inversiones y podría desembocar en demandas ante tribunales de arbitraje internacional, algo similar a lo que ocurrió con el recorte a las renovables.
