El servicio antifraude francés acusa a PSA de trucar motores

Los servicios franceses del antifraude (DGCCRF) consideran que el grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën ha utilizado mecanismos de trucaje en sus motores diésel para minimizar las emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno (NOx) en las pruebas de homologación, reveló Le Monde. La DGCCRF comunicó en febrero sus conclusiones a la justicia, que abrió sumario el 7 de abril. Se encargan tres jueces especializados en sanidad en el Tribunal de Gran Instancia de París, un procedimiento similar al que se lleva a cabo contra Volkswagen, Renault y Fiat Chrysler por la tecnología diésel.

En el caso de PSA, los autores del informe calcularon que hay «al menos 1.914.965 vehículos» de la generación Euro 5 (la norma en vigor hasta el 2015, vendidos entre septiembre del 2009 y septiembre del 2015), cuyos motores funcionan con «estrategias fraudulentas». Se trata de nueve modelos, entre los cuales los Peugeot 208, 807 y 5008, así como los Citroën C3 y C5, que aunque en los test de homologación no superaban el límite de emisiones de NOx (180 miligramos por kilómetro), en condiciones reales las aumentaban del 30% al 170 %.

La razón es que –según antifraude– tienen un dispositivo que activa un régimen bajo de emisiones solo cuando detecta las condiciones de esos test mediante un «calculador de control del motor». Lo hace con una estrategia de «calibrados fraudulentos» que en ese caso pone en marcha el llamado modo «lownox», que reduce las emisiones de esos gases contaminantes, pero aumenta el consumo de carburante y reduce la potencia del vehículo. Hay un segundo modo, «lowCO2», que es el que se activa cuando el cliente del coche lo usa: disminuye el gasto de combustible y el coche gana brío, a costa de un aumento del NOx.

La multa potencial para PSA sería de hasta 5.000 millones, el 10% de la media de la facturación del grupo en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Pero para la DGCCRF, la maniobra no se limitó diésel bajo la norma Euro 5, sino que se prolongó con la Euro 6, es decir, con modelos comercializados desde septiembre del 2015.

Para los investigadores la dirección de PSA estaba al corriente, había una «estrategia global para fabricar motores fraudulentos y luego comercializarlos»; y acusan al presidente, Carlos Tavares, y a sus predecesores Jean-Martin Folz, Christian Streiff y Philippe Varin.