Los sindicatos de Caja Inmaculada (CAI) mostraron ayer su "sorpresa" e "indignación" tras conocer que la dirección general de la entidad cambió el criterio establecido hasta octubre del 2011 para que una veintena de miembros de la caja pudiera cobrar dietas por asistir a los consejos de administración de las empresas participadas. Solo en el ejercicio 2012 se embolsaron más de 230.000 euros, con el máximo ejecutivo de la CAI, Luis Miguel Carrasco (90.000 euros) a la cabeza, según publicó ayer este diario. Ese mismo año, CAI registró pérdidas por más de mil millones de euros como consecuencia de las dotaciones que tuvo que realizar por sus activos tóxicos del sector inmobiliario.

El responsable de CCOO en CAI, Miguel Ángel Villalba, consideró que la antigua cúpula de la caja --entidad integrada ahora en el grupo Ibercaja-- "debería explicar por qué se produjo ese cambio de criterio", más si cabe "sin una justificación y en el contexto que había entonces". A este asunto se refirió su homóloga en UGT, Victoria Camarena, que subrayó que mientras se cobraban esas dietas el grupo planteó un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 592 personas y cerrar 187 oficinas. "Me siento engañada como trabajadora y como sindicalista", manifestó Camarena.

Desde Asipa --sindicato que ya anunció que presentará una querella contra las irregularidades detectadas en la entidad-- subrayaron que este tipo de prácticas "confirman la gestión irregular que se ha producido en la caja" en los últimos años. Al respecto, su máximo responsable, Gonzalo Postigo, dijo sentir "indignación y estupor" porque cuando se cobraron esas dietas una buena parte de las empresas participadas de CAI arrojaban ya resultados negativos.

CAMBIO DE REGLAS

Los representantes sindicales señalaron que la práctica habitual en CAI era que no se percibiese dinero alguno por acudir a los consejos de las empresas participadas y que el que se pudiera percibir revirtiera en la propia entidad. Sin embargo, en octubre del 2011, un documento interno de la entidad refleja este cambio de criterio adoptado por el entonces director general, Luis Miguel Carrasco.

El entonces presidente de Caja Inmaculada, Juan María Pemán, también cobró dietas de estos consejos por valor de 21.000 euros. Juan Antonio García Toledo, director general adjunto entre 2009 y noviembre del 2011, recibió 58.600 euros, mientras que Agustín Lalaguna, director de Participadas y del negocio inmobiliario se embolsó más de 20.000 euros. También aparecen en la nómina otros nombres como el expresidente de CAI, Rafael Alcázar (12.000 euros).