Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han criticado que el Gobierno mantenga congelado en 2017 el presupuesto destinado al acuerdo para el empleo y la protección social agraria (Aepsa) que, desde el 2011, está fijado en 216 millones de euros.
No obstante, de momento, solo se distribuirá el 80 % de esos fondos debido a la prórroga de los Presupuestos Generales de Estado, por lo que, según han detallado ambos sindicatos a Efeagro, la cantidad a repartir es de 172,88 millones de euros.
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social convocó ayer a la Comisión Central de Seguimiento del Aepsa e informó tanto del presupuesto que inicialmente se distribuirá, como del reparto autonómico.
De esta cantidad, 149,6 millones de euros van para Andalucía y Extremadura y 23,3 millones de euros a las zonas rurales deprimidas (Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia).
El restante 20 % (37,39 millones de euros para Andalucía y Extremadura y 5,82 millones para los territorios de las 6 autonomías recogidas en las zonas rurales deprimidas) se concederá cuando el Ministerio de Hacienda lo autorice.
Por autonomías, el desembolso del 80 % del presupuesto quedará como sigue: Andalucía (118,17 millones de euros), Extremadura (31,41 millones de euros), Aragón (657.078 euros), Canarias (2,29 millones de euros), Castilla-La Mancha (7,41 millones de euros), Castilla y León (3,12 millones de euros), Comunidad Valenciana (6,14 millones de euros).
Desde el área de política sindical de CCOO-Industria José Fuentes y el secretario del sector agrario y manipulado hortofrutícola de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, Emilio Terrón, insistieron en la necesidad de incrementar esos fondos que llevan sin subirse desde 2011.
Expresaron al director general del SEPE, Julio Ángel Martínez Meroño, la necesidad de incrementar ese presupuesto en algo más de 20 millones, cantidad resultante del cálculo del incremento del IPC acumulado desde 2011.
Terrón explicó que solicitar ese incremento de los fondos no es baladí, ya que a raíz de la crisis el número de trabajadores con cartilla agraria se ha incrementado, porque el campo actúa de sector refugio ante la pérdida de trabajo, sobre todo, en la construcción.
Fuentes añadió que si, como todo parece indicar, no se produce esa subida -a pesar de que Martínez Meroño señalara que iba a dar traslado de esa petición de aumento presupuestario a la ministra Fátima Báñez-, iniciarán contactos con los grupos parlamentarios para lograr una subida de los fondos para los planes de empleo agrario.
Por otro lado, en la reunión también pidieron al Gobierno la apertura de una mesa de negociación que aborde la reforma del Real Decreto que regula los planes de empleo agrario, que data de 1997, porque es necesario adecuar la normativa a la realidad del mercado agrario.
