La negociación del ERE de Ibercaja, planteado para la salida incentivada de hasta 174 trabajadores mayores de 60 años, sigue su curso sin grandes disensiones tras la última reunión entre las partes celebrada ayer. No en vano, el expediente es una reedición del ajuste laboral pactado el año pasado, con el que se prejubilaron 205 empleados. Por ello, la pelea de los sindicatos se centra en reclamar medidas que eviten los traslados forzosos de plantilla. Los movimientos de personal afectarán esta vez --principalmente-- a la red comercial de Aragón, debido a la nueva oleada de cierres de oficinas que se producirá por la integración de CAI (Caja3).
El ERE anterior conllevó reubicaciones de trabajadores de las zonas de expansión (los territorios que no son los tradicionales de la entidad). Vista la experiencia de cómo fue el proceso, que desembocó en el despido voluntario de unos 30 afectados que renunciaron a desplazarse a destinos lejanos, los sindicatos quieren introducir esta vez en el acuerdo "garantías" para que los traslados se hagan de manera "más racional y transparente".
"Pedimos que se aplique el sentido común y que, en la medida que se pueda, los traslados sean lo más cortos posibles", explicó José Maria Fernández, de UGT. "Esta es una línea roja de la negociación", apuntó Hugo Pérez, de Csica, mientras que José María Crespillo, de CCOO, insistió en que "hay margen para consensuar" traslados.
La dirección de Ibercaja se ha mostrado dispuesta a negociar esta demanda. La próxima reunión con los sindicatos tendrá lugar el viernes.
