Con un goteo persistente, la corrupción ha alcanzado a los agentes sociales y ha taladrado su credibilidad. Los ERE de Andalucía, los cursos de formación de la Comunidad de Madrid, los delitos de Gerardo Díaz Ferrán y el consiguiente hundimiento de sus empresas, la quiebra de la mayoría de las cajas de ahorro de toda España en cuyos consejos de administración se sentaban representantes de CCOO, UGT y CEOE, y ahora las tarjetas opacas de Caja Madrid, han mostrado que quienes tienen la obligación de fijar las reglas de juego del mercado laboral y las condiciones de trabajo no guardan las debidas cautelas.

A la losa de los ERE de Andalucía se ha sumado, con gran alarma social, el tema de las tarjetas de Caja Madrid --consta que 11 sindicalistas la tenían y la usaron--, y el caso del histórico líder minero asturiano José Ángel Fernández Villa. "No vamos a transigir con este tipo de prácticas", clamaron Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez hace una semana. No obstante, han reconocido que esta situación de sospecha continua frena, cuando no paraliza, el trabajo de las cúpulas sindicales, ahora inmersas en el diálogo social.

En todo caso, la respuesta de los sindicatos y de los empresarios está siendo muy diferente. Los dos dirigentes de Madrid Rodolfo Benito (CCOO) y José Ricardo Martínez (UGT) presentaron voluntariamente la baja como afiliados, dieron las primeras explicaciones de urgencia y devolvieron el dinero. Los demás, la mayoría sin cargos en las centrales, serán apartados en los próximos días.

En la CEOE todo es más lento y no lleva a las mismas conclusiones. Con un expresidente en la cárcel (Díaz Ferrán) y un vicepresidente tocado por varios escándalos (Arturo Fernández), Juan Rosell ha pedido cuentas sobre los gastos corporativos internos que le va a servir de excusa para reafirmar que no todos son iguales. La comisión de régimen interno se reune esta tarde para debatir el caso de las tarjetas y decidir si presenta un informe el miércoles en la reunión de la junta directiva de la CEOE.

INCUMPLIR EL CÓDIGO

Información habrá, según fuentes de la patronal, pero es difícil que termine en expediente disciplinario. El código ético de la patronal es muy laxo y hasta que hay una acusación formal por parte de la fiscalía o sobre el afectado pese un auto de procesamiento, no se contempla su expulsión.

No obstante, el presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, no se ha atenido a este código, que dice: "Todos los afectados deben evitar cualquier conducta que, sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de forma negativa a sus intereses". La directiva de la CEIM también se reúne esta tarde, pero será difícil la disidencia. Fernández, que recibió el apoyo unánime de los suyos, no está dispuesto a dimitir, ya que, argumentó, no tenía constancia de que la tarjeta fuera opaca ni que Caja Madrid no ha hubiera declarado, pero devolvió el dinero.