Sindicatos y patronal han alcanzado un consenso para reclamar al Gobierno la vuelta de la jubilación forzosa. Así consta en el preacuerdo salarial para la negociación colectiva de este año y los dos siguientes firmado el pasado lunes, en el que los agentes sociales instan al Ejecutivo a acometer «cambios legales» que permitan que los convenios colectivos «posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación», siempre y cuando el trabajador tenga derecho a la pensión completa.

Desde la reforma laboral del 2012 ya no es posible incluir en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa, es decir, la empresa no puede obligar a jubilarse a los trabajadores que alcanzan la edad del retiro, de 65 años con carácter general. Como excepción, algunos funcionarios están obligados a hacerlo al cumplir la edad estipulada.

Ineptitud sobrevenida / No obstante, el Estatuto de los Trabajadores sí que reconoce la posibilidad de despedir a un trabajador por «ineptitud sobrevenida» con posterioridad a la colocación en la empresa. En ese caso, la condición de la edad es un motivo utilizado de forma frecuente por las empresas para extinguir el contrato a aquellos trabajadores con edades más allá de la jubilación. En estos casos, la ineptitud sobrevenida se aduce como causa de despido objetivo, que lleva aparejada una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del 2018, en España había 181.000 ocupados mayores de 65 años, de los que 45.000 tenían más de 70 años.

Con anterioridad a dicha reforma sí que se admitían cláusulas obligatorias de jubilación para los trabajadores que llegasen a la edad ordinaria y cumpliesen las condiciones exigidas para acceder a la pensión, un escenario al que UGT, CCOO, CEOE y Cepyme quieren volver ahora con el preacuerdo ya firmado por todas las partes. Los sindicatos ya han trasladado a sus afiliados el texto para que lo ratifiquen, un proceso que UGT prevé que concluya el próximo martes. Después comenzará la negociación con el Gobierno, que tendrá la última palabra.

Fomento de la contratación / El fundamento de esta obligatoriedad que los sindicatos y la patronal sugieren al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez se encuentra en la necesidad de «facilitar el relevo generacional» y así, fomentar la contratación de los jóvenes en las empresas en sustitución de aquellos que llegan a la edad de jubilación.

«No hay ningún perjuicio para el trabajador jubilado ya que, una vez llegada la edad, tiene asegurada su prestación», destacó a este diario el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, que señaló que la medida «deja espacio a la contratación de los jóvenes». Una vez las bases den el visto bueno al preacuerdo, comenzará la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Va a depender mucho del Gobierno para que esto salga adelante», apuntó Pino.

Los empresarios, por su parte, ven en la figura de la jubilación forzosa sin indemnización una vía para ahorrar costes. «Hay trabajadores que no se van de la empresa hasta que no consiguen la indemnización y eso deja a las empresas sin un duro para invertir y hace un flaco favor a las personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo», afirmó el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi. Desde hace tiempo existía la necesidad de «cambiar la norma», según el empresario.

La junta directiva de CEOE y Cepyme ratificó ayer el preacuerdo salarial firmado el día anterior con los representantes sindicales, que incluye una mejora fija en torno al 2% y una parte variable del 1% ligada a la marcha de la empresa.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, argumentó que los empresarios están haciendo un «esfuerzo importante» para «mejorar la sociedad y la manera de vivir de los ciudadanos». En su opinión, el preacuerdo se adapta a una «nueva etapa» que deja atrás la situación de crisis vivida desde el 2009 al 2013 en España, periodo en el que «el PIB cayó casi cinco puntos». El pacto, explicó el líder empresarial, va a servir para «dar un empujón a los salarios más bajos». Garamendi subrayó asimismo la lucha contra la economía sumergida, que «es la peor enemiga de los empresarios españoles», contra el absentismo laboral y por el fomento de la formación de los trabajadores.