La iniciativa del PSOE de impulsar una reforma laboral en la legislatura que arranca ha provocado los primeros movimientos negociadores por parte de los sindicatos y organizaciones empresariales encaminados a rebajar la tasa de temporalidad del 30,7%, el récord europeo.

En el marco del diálogo social, los sindicatos plantearán como alternativa a un nuevo abaratamiento del despido que se modifiquen las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social para penalizar los contratos temporales y bonificar las relaciones laborales indefinidas. Un bonus-malus contra la precariedad.

La propuesta profundiza en fórmulas similares a las que se acordaron en 1997 durante el primer Gobierno de José María Aznar. Según CCOO, tanto la autonomía de negociación que tuvieron los sindicatos y las patronales en aquella ocasión como una ampliación de las recetas que se aplicaron "estarían bien vistas" en el nuevo periodo político.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Antoni Ferrer, recuerda que el coste del despido ya se bajó a 33 días de sueldo por año trabajado en 1997 y que en el 2001 se creó un contrato indefinido de inserción laboral con una indemnización final de 20 días por año trabajado.

REEQUILIBRIO Sin embargo, UGT y CCOO estarían dispuestos a aceptar una rebaja generalizada de las cuotas sociales que deben pagar los empresarios por cada trabajador indefinido, a cambio de un aumento paralelo de la cotización de los contratos temporales, como se hizo ya en 1997. "Esto sólo es una idea, pero reequilibraría los costes y no produciría merma de ingresos para el sistema", aseguran fuentes sindicales.

No se trata de aplicar nuevas bonificaciones selectivas como las que hoy están vigentes en la legislación laboral. El dirigente ugetista las califica de "regalos inútiles para los empresarios". Lo importante, en su opinión, es reforzar "el principio de causalidad". Es decir, poner trabas para que un empresario no contrate a un empleado con carácter temporal donde debería tener a un trabajador con duración indefinida.

Lo segundo sería suprimir las bonificaciones que reciben las empresas y que la propia CEOE también ha criticado porque favorecen a ciertos empresarios y perjudican a otros. En esa línea, UGT reclama un aumento de las inspecciones de Trabajo para luchar activamente en contra de la proliferación de subcontratas y para atajar el fraude laboral.

CCOO está de acuerdo en que el debate ya no puede centrarse en los costes del despido sino en cómo interviene la Administración para fomentar la estabilidad en el empleo.

PETICION PATRONAL La CEOE está dispuesta a negociar tanto la contratación como el despido en la futura reforma laboral por la incidencia que ambos tienen en los costes laborales. Quiere discutir sobre flexibilidad de jornada, negociación colectiva y ley de huelga.

El vicepresidente de CEOE, Joan Rosell, advierte de que hace falta un esfuerzo de "imaginación" para acabar con situaciones "absurdas" como que un trabajador tenga 50 contratos en un año. Como alternativas sugiere los incentivos a los contratos indefinidos y la reducción y acotación de las modalidades de contratos.

En actitud "machacona con independencia de quien gobierne", Rosell ha refrescado al PSOE la propuesta de un contrato de 1.000 horas anuales distribuidas según las necesidades de la empresa.

La rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social es una de las reivindicaciones habituales de la patronal, que recuerda que en España son las segundas más altas de Europa sólo por detrás de Francia. Los sindicatos saben que este punto constituye una importante moneda de cambio a la hora de llegar a acuerdos.