Los sindicatos que representan a los trabajadores de los astilleros públicos han calculado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene previstas 4.600 prejubilaciones en Izar. Al mismo tiempo que organizan las próximas movilizaciones, las centrales han comenzado a preparar la estrategia para negociar el futuro de la empresa pública.

Los sindicatos seguirán reivindicando, en la huelga del próximo 14 de septiembre y en los paros que preparan hasta final de mes, que la SEPI presente un plan industrial para todo el grupo y no segregue los centros militares de los civiles. Pero también han comenzado a prepararse para la próxima reunión con la SEPI donde les informará de los costes laborales de este plan.

REGULACION Según estimaciones sindicales, 4.600 trabajadores, de los 10.760 en plantilla, tienen más de 52 años y entran en el modelo de regulación de empleo que les ha adelantado el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles.

Las centrales están convencidas de que la sociedad pública no descarta el cierre de algunos centros si se produce la segregación. Los astilleros civiles de Sestao, Gijón y Sevilla son los se encuentran en la peor situación. La estrategia sindical es plantear soluciones en cada centro.

Para Sestao impulsarían la creación de una sociedad mixta con el Gobierno autonómico y quizá la BBK. En el caso de Gijón cabría reiniciar el proceso de fusión con Naval Gijón y su traslado al puerto Musel. En Sevilla esperan una posible oferta de la naviera Boluda que podría aprovechar sinergias con el astillero que tiene esta empresa en Huelva. Para Fene pedirán la fusión con el astillero de Ferrol y para San Fernando la integración con Cádiz. Sólo quedaría Manises, uno de los centros más rentables, del que ya se han interesado empresas como General Dinamics y Man Burmeinster.

Las centrales se lamentan que el plan de la SEPI se realice cuando la UE estudia la creación de un gran consorcio naval europeo y cuando está pendiente la renovación de un buen número de petroleros si cuaja una directiva que presentó la comisaria europea Loyola de Palacio.