El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró ayer que la propuesta del Gobierno sobre el futuro de los astilleros públicos de Izar, negociada con los sindicatos el 19 de octubre, "sigue encima de la mesa". "Hay que seguir los contactos con Bruselas y hacer todos los esfuerzos para intentar resolver la situación", dijo.
Estas declaraciones, realizadas por el vicepresidente inmediatamente después de finalizar la reunión del Consejo de Ministros, enmiendan la plana al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles. Este dio por muerto el acuerdo con los sindicatos el miércoles pasado al considerar que había sido rechazado por la Comisión Europea (CE). Martínez Robles, entonces, remitió la posible solución al plan propuesto por la Sepi el 7 de septiembre, que incluía la segregación de los astilleros civiles de los militares.
La actitud de la SEPI ha levantado la ira sindical y ha desatado nuevas protestas. Los sindicatos le acusan de utilizar a Bruselas como "pretexto" para romper los pactos. Ayer, trabajadores de Izar Gijón bloquearon los accesos a la ciudad. Los de San Fernando cortaron la carretera de Cádiz y sabotearon la vía del tren y su suministro eléctrico. En Sevilla, un millar de trabajadores marcharon hasta la subdelegación del Gobierno.
En realidad, no ha habido un rechazo formal de la Comisión Europea. Se da la circunstancia, además, de que la actual Comisión está interina, a la espera de ser sustituida por el nuevo equipo de Durao Barroso.
Tan sólo la portavoz de Competencia de la CE, Amelia Torres, ha afirmado que existen "dudas" y "sospechas legítimas" sobre la estructura accionarial de la empresa diseñada en el plan de salvamento de Izar. Según este plan, la SEPI mantendría el 49% del capital de la empresa de construcción civil y las cajas de ahorros entrarían con un 21%. A juicio de Bruselas, esta suma haría que la compañía fuese mayoritariamente estatal y cabría la duda de si reciben ayudas. La CE no objeta, en cambio, "que ciertos astilleros civiles puedan incluirse en la sociedad militar".
Ahora, el plan pactado por los sindicatos no parece muerto del todo, según se desprende de las declaraciones de ayer del vicepresidente Solbes, tras participar en la clausura del 6º Foro Latibex, en la Bolsa de Madrid. "Cualquier posibilidad está abierta, ésta o cualquier otra", dijo Solbes, en respuesta a la posible participación de las cajas de ahorros.
El líder de UGT, Cándido Méndez, opinó ayer en Algeciras (Cádiz) que el preacuerdo con la SEPI "sigue teniendo toda la validez" y que los sindicatos "no han dado por rotas las negociaciones", si bien reconoció que "la situación, probablemente, ha rebasado a la dirección de la SEPI". Méndez pidió que ésta y el Gobierno intensifiquen "las relaciones y conversaciones con Bruselas".
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que la SEPI "es quien debe continuar dialogando" con los sindicatos. De la Vega opinó que hay un problema "grave" que "debe resolverse pronto, lo antes posible", porque "los plazos corren y la Unión Europea tiene normas que España tiene que cumplir". Si antes del 1 de enero no hay un plan para salvar Izar, la CE exigirá la devolución de un primer bloque de 1.200 millones de ayudas ilegales concedidas por el anterior Gobierno del PP, lo cual supondrá su quiebra y disolución.
