Hacienda recibe durante los últimos días una auténtica avalancha de peticiones de certificados, unas 12.000 diarias, por empresas o autónomos que trabajan para otras compañías y sin el cual no pueden trabajar ni cobrar de sus contratistas. Este ritmo de solicitudes se produce desde que el 1 de julio entró en vigor la nueva ley general tributaria, que estableció la responsabilidad subsidiaria de las empresas sobre la deuda tributaria de sus subcontratas, y cuyo alcance la norma no aclara suficientemente.

El documento, que el fisco debe entregar en un máximo de tres días, rige durante 12 meses y libera a la compañía pagadora de toda responsabilidad por las deudas de IRPF e IVA de su suministradora durante el tiempo en el que ésta permanece contratada. Ante las dudas sobre el alcance de la medida, ya que el reglamento de la ley no estará hasta otoño, pymes y autónomos subcontratados han optado por pedir el certificado. Del total de demandas, más de 8.000 se producen a diario en Barcelona y unas 3.000, en Madrid, según han informado los responsables de Hacienda a varias organizaciones patronales. La mayoría se tramitan por internet sin problema, aunque según la Agencia Tributaria son "decenas de miles".

Ante la preocupación que ha provocado el asunto, la dirección general de Tributos publicó anteayer en el BOE una resolución en la que establece que los afectados que no hayan recibido el certificado en tres días podrán exigir otro documento acreditativo para su contratador y con el mismo valor.

VARIOS SECTORES Las compañías implicadas no son sólo de la construcción, uno de los objetivos de la nueva figura de responsabilidad. La realidad es que la imprecisa regulación implica al transporte o a compañías de servicios telefónicos de atención al cliente, según Valentí Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

La resolución de Hacienda no aclara lo que se entiende como subcontratación de la "actividad económica principal", el requisito esencial. Además agrega confusión al interpretar que habrá que estudiar cada caso, según Joan Busc , responsable fiscal de Pimec.