El juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza suspendió ayer el juicio que debía celebrar para clarificar la legalidad de las medidas disciplinarias adoptadas por la Federación de Industria y Agraria de UGT (Fitag) contra nueve de sus dirigentes en Aragón.
Entre los sancionados figuran José Antonio Cid y Manuel Royo, que lideraban la organización en la comunidad hasta la destitución de su ejecutiva hace un año y que acabaron siendo expulsados. A otros siete miembros se les suspendió de militancia. Todos ellos presentaron una demanda contra Fitag por "vulneración de los derechos fundamentales", al considerar que el sindicato siguió "un plan preconcebido para purgarles políticamente".
El juez decidió suspender la vista oral después de la petición de la parte demandada para que se cite en el caso a la comisión de garantías del UGT, que ha validado las medidas disciplinarias de la federación. El magistrado expresó también sus dudas sobre si este juzgado es el competente para resolver esta disputa.
