Las empresas españolas con negocios en Cuba empiezan a temblar ante la última ocurrencia de la administración Trump. El Gobierno estadounidense anunció, en enero, la suspensión por 45 días --en vez de los habituales 6 meses-- del Título III de la ley Helms-Burton, una de las leyes del embargo de Estados Unidos sobre Cuba. El artículo (jamás activado) permitiría a los norteamericanos reclamar ante los tribunales las propiedades expropiadas en Cuba, lo cual afectaría a muchas empresas con intereses en la isla, sobre todo hoteleras.

En total, hay más de 5.900 reclamaciones certificadas por un monto de 9.000 millones de dólares, entre ellas el aeropuerto de La Habana o el de Santiago de Cuba que si se levanta el artículo podrían ser objeto de reclamación. Algo que afectaría a empresas españolas como Meliá, NH, Iberostar o Barceló, pero también sectores como el agrícola o el tabacalero, con British Imperial Tobacco al frente, podrían verse afectados. Por ello, la Cámara de Comercio de España está coordinando una postura común con el resto de cámaras europeas --integradas en la Eurochamber-- para llamar a la Unión Europea a la acción.

Europa cuenta con un Blocking Statute que permite a los estados miembros afectados por la ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio de la UE en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas en Cuba.

Según explica el socio del despacho Lupicinio, José María Viñals, entre el 19 de marzo y el 19 de abril se producirá un «levantamiento parcial» que afectará a aquellos que cumplan dos circunstancias: que un ciudadano norteamericano haya registrado su demanda contra un activo concreto y que la persona contra la que dirige la demanda figure en una lista de «personas restringidas cubanas», en este caso solo se encuentran algunos hoteles españoles como el Meliá Santa María o el Iberostar Ensenachos en joint venture con firmas cubanas.