El Ministerio de Industria informó ayer a los consejeros autonómicos del ramo de que la cuota de derechos de dióxido de carbono (CO2) para el sector termoeléctrico español que se recogía en la propuesta de reparto individual de emisiones "es inamovible". Así, las centrales aragonesas recibirán 5,65 millones de toneladas anuales en el 2005, frente a las 8,05 toneladas solicitadas desde el Gobierno de Aragón, para afrontar los requisitos del protocolo de Kioto.

Tras el encuentro, el consejero de Industria, Turismo y Comercio del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, explicó que el ministerio no va a introducir grandes cambios en la designación de emisiones. "Industria ha reiterado que las 88,4 millones de toneladas asignadas al sector termoélectrico español son inamovibles y que la modificación de cuotas conllevaría grandes dificultades para cuadrar esa cifra, ya que el hecho de dar más a unas empresas supondría quitar a otras", apuntó Aliaga.

El consejero de Industria comentó que --de forma paralela, aunque independiente-- ministerio, sindicatos y la patronal del sector alcanzaron un acuerdo por el que Industria reitera el compromiso de que el Plan de la Minería (1998-2005) se aplique en los términos en que fue acordado, lo que incluye el cumplimiento de los suministros de carbón nacional en el 2005, al margen de la entrada en vigor del protocolo de Kioto. Asimismo, el Gobierno apuntó que articulará las medidas necesarias para garantizar la compra de carbón nacional, por parte de las empresas eléctricas, en las cuantías que se acuerden en el nuevo programa minero 2006-2012, que comenzará a negociarse en enero.

Según señaló Aliaga, el ministerio recordó que el protocolo de Kioto es un compromiso medioambiental, que busca aumentar el uso del gas natural como fuente energética, "ya que la producción de un kilowatio por hora en una central de carbón triplica la emisión de CO2 de uno en una planta de gas", comentó. Asimismo, los responsables ministeriales incidieron en que el plan de asignaciones no reduce el número de horas de funcionamiento de las térmicas, "ya que sólo establece el volumen de emisiones gratuitas que tienen. El resto de la producción la pueden cubrir comprando derechos". Opinan que las compañías todavía tienen margen para ello.

Por su parte, las organizaciones empresariales aragonesas alegaron de forma conjunta en contra de la reducción de los derechos de emisión que se prevé para las centrales de la comunidad. Las patronales señalaron que el actual reparto perjudica "de forma injustificada" a las instalaciones mineras de la comunidad y, concretamente, a las turolenses, apelando a las importantes mejoras medioambientales realizadas en los últimos años. Asimismo, consideraron que los recortes podrían hacer peligrar un gran número de empleos (que cifraron en 4.000).