España ha mejorado su marco legislativo en la lucha contra la explotación sexual pero hay un ámbito en el que la respuesta sigue siendo insuficiente: la lucha contra la explotación laboral. Es lo que advierte el Consejo de Europa en un nuevo informe publicado ayer en el que urge a España a adoptar nuevas medidas y a multiplicar las inspecciones laborales en el sector agrícola y el trabajo doméstico.
El Consejo de Europa reprocha la falta de campañas de concienciación y alerta de que no existe un plan de acción nacional que aborde este fenómeno pese a los factores de riesgo que rodean a la economía española, como la elevada tasa de desempleo, que rondaba el 18% en el 2017, una economía sumergida considerable (17% del PIB), un importante sector agrícola y el segundo sector doméstico más grande de Europa, solo por detrás de Italia, donde se emplean a muchos inmigrantes.
Aunque perseguir la explotación laboral se ha convertido en una prioridad para las autoridades españolas, los expertos del GRETA (el grupo de expertos contra el tráfico de seres humanos del Consejo de Europa) consideran que la limitada capacidad de los inspectores, las dificultades para controlar de forma eficaz las zonas rurales más remotas y el hecho de que no puedan entrar en viviendas privadas sin una orden judicial «contribuyen a una situación en la que es posible y beneficioso explotar» a personas procedentes de la trata de seres humanos.
«La ausencia de un plan de acción nacional que cubra esta forma de tráfico y la falta de una estrategia de investigación y datos son causa de preocupación», subrayan. Es más, informes que han recibido apuntan a que hay casos de explotación laboral que han sido retirados por la fiscalía y las víctimas enviadas de vuelta a sus países de origen. «La ausencia de juicios de este tipo de tráfico puede deberse a las dificultades en la investigación pero también a falta de experiencia y concienciación», apunta.
En el caso del sector doméstico, según el INE, hay 700.000 personas trabajando en este ámbito en España de las cuáles 126.000 seguían sin estar cubiertas por la legislación del 2012. En general, los autores del análisis admiten que el número de víctimas de explotación laboral identificadas sigue siendo «bajo» y lamentan que solo haya datos del 2015 y 2016.
EL TRABAJO DE LOS INMIGRANTES / En respuesta a las lagunas detectadas, los expertos del GRETA urgen a las autoridades españolas a aumentar las capacidades y el mandato de los inspectores de trabajo en el ámbito doméstico, a garantizar «suficientes recursos» para posibilitar inspecciones hasta en las zonas más remotas, a formar a los inspectores en toda España así como a fiscales y jueces, a revisar los sistemas reglamentarios de los trabajadores inmigrantes y de los trabajadores domésticos, a reforzar la vigilancia sobre las agencias de trabajo temporal y a poner en marcha campañas de concienciación entre el público en general y entre los inmigrantes.
El organismo con sede en Estrasburgo también reclama a las autoridades españolas que adopten con carácter prioritario un plan para combatir la explotación sexual y otras formas de explotación, especialmente de menores, que adopten medidas para identificar a víctimas potenciales entre los solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares, implicando en este proceso a la sociedad civil, sindicatos, inspectores de trabajo y al sector privado.
El informe recuerda que España sigue siendo esencialmente un «país de destino» en la trata de seres humanos pero también de «tránsito» (hacia Francia o Reino Unido) y de origen de personas.
Entre el 2013 y el 2016 los principales países de origen de las personas con las que traficaron las mafias fueron Rumanía (306 víctimas), Nigeria (104), China 8100), Paraguay (58) y Bulgaria (42). No obstante, también fueron identificadas víctimas de nacionalidad española, 15 en 2013, 10 en 2014, 22 en 2015 y 3 en 2016 aunque los autores del informe reconocen que estas cifras «no reflejan la escala real del fenómeno».
