El Abogado General de la Unión Europea instó ayer a España a que introduzca mecanismos en su legislación laboral para que las empresas tengan la obligación de tener un registro efectivo sobre la jornada de sus trabajadores. Así lo constata la lectura de sus conclusiones en la sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tuvo lugar ayer en Luxemburgo, que a su vez llega tras la vista judicial del pasado noviembre. La sentencia definitiva, que tradicionalmente sigue la línea marcada por las conclusiones de esta especie de fiscal europeo, se espera entre los próximos mayo o julio y obligaría al Gobierno español a modificar su ordenamiento jurídico para atender a las instrucciones europeas en esta materia.

El Abogado General Giovanni Pitruzzella dio la razón al sindicato CCOO que, apoyado por cuatro centrales más, presentó denuncia a raíz de una demanda de conflicto colectivo interpuesta ante la Audiencia Nacional contra el Deutsche Bank. Esta tenía por objetivo que se declarase la obligación de dicha entidad de implantar un sistema de registro de la jornada efectiva que realiza su plantilla. El caso, según explicó el abogado de CCOO Armando García, llega tras el rechazo del Tribunal Supremo a dicha petición en un episodio muy similar contra Bankia.

En dicha sentencia, fechada el día 23 de marzo del 2017, el alto tribunal excluyó la existencia de una obligación general de registrar la jornada ordinaria de trabajo y señaló que la legislación española únicamente obliga a llevar un registro de las horas extraordinarias trabajadas y a comunicar a final de mes a la representación legal de los trabajadores el número de horas extras en caso de que estas se hubiesen efectuado. El fallo argumentó que un registro efectivo de jornada podría incurrir en una invasión innecesaria de la vida privada del trabajador. La realización de horas extras es un fenómeno creciente en el mercado laboral español, según constatan los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA). El número de horas extras que se realizan y no se cobran crecen a un ritmo mayor que las registradas. Concretamente, en el 2018 crecieron un 8,3% más que en el 2017, frente al 2,3% del resto.