Miles de trabajadores de la red española de ferrocarriles, muchos de ellos desplazados desde Zaragoza, se manifestaron ayer en Madrid para exigir al Gobierno central y a la dirección de Renfe que garantice "todos los puestos de trabajo" y "un servicio de ferrocarril público, de calidad y seguro" tras la entrada en vigor de la nueva ley ferroviaria, que abrirá a la competencia el sector a partir del próximo 18 de mayo. Además, los manifestantes demandaron al ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, un mayor diálogo, así como una mayor participación de los sindicatos en las decisiones y actuaciones que lleve a cabo la compañía.

El secretario confederal del sector ferroviario de UGT, Honorio Vázquez, manifestó su preocupación por la viabilidad del sector ferroviario y criticó a Alvarez Cascos "por hacer las cosas con precipitación y de forma unilateral, sin consultar a nadie". Así, alertó de las nefastas consecuencias que puede tener "una aplicación precipitada de la normativa", ya que la ley ferroviaria y su desarrollo "necesita de un mayor plazo de tiempo. El ferrocarril no funciona igual que la carretera", apostilló el representante sindical.

Vázquez también instó al ministerio a negociar "con los que realmente saben del ferrocarril y no sólo con los técnicos de una empresa consultora". En este sentido, criticó al ministro por querer dejar "todo cerrado", a pesar de que no optará a la reelección, consiguiendo así que no quede "ningún margen para que su sucesor marque otros ritmos y tenga otro talante más negociador que el que él tiene", añadió. De esta forma, una de sus demandas es un "periodo de transición" en la aplicación de la norma, que permita al nuevo ministro de Fomento, junto con los sindicatos y la Renfe, ir ajustando al sector al nuevo escenario.

El representante de UGT resaltó que en este proceso no se ha contado con la opinión de los trabajadores y sindicatos en ninguno de los desarrollos reglamentarios. Así, recordó el caso de aquellos documentos que tratan de la capacidad, de la infraestructura a los operadores, de las habilitaciones profesionales, de los derechos laborales o los referentes a la deuda de la compañía. Acerca de ésta, el sindicalista apostó por que sea absorbida o se busquen fórmulas de financiación que permitan al operador "salir con garantías de competir" y defendió que la liberalización del sector se pueda hacer "en una empresa pública con criterios empresariales y con beneficios".