La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles los pirmeros resultados del Plan Director por un Trabajo Digno en materia de parcialidad y ha cifrado en un total de 6.292 los trabajadores con contratos a media jornada que, tras la intervención coordinada del minsterio y la Inspección de Trabajo, sus empleadores les han alargado la jornada.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo en el Senado, la ministra ha asegurado que estos trabajadores representan al 12,5% de los detectados por la inspección de trabajo y de Seguridad Social, dentro del plan de lucha contra la parcialidad abusiva. En el caso de la temporalidad fraudulenta, la ministra ha recordado que ya se han transformado 46.554 contratos temporales fraudulentos, 57,8% de los detectados.

La segunda fase del plan de choque consistirá en visitar a las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores, "lo que contribuirá a mejorar los resultados", ha asegurado la ministra, quien prevé realizar una segunda evaluación del plan en enero.

Así, ha sacado pecho de los efectos del plan puesto en marcha tras su llegada a la cartera de Trabajo y ha destacado que en agosto se han realizado 153.921 contratos indefinidos (33,4% más que un año antes) y en septiembre 232.768 (20,8% más), marcando ambos datos máximos históricos para esos mismos periodos.

Además, ha dicho la ministra, entre agosto y septiembre se han convertido en indefinidos 147.701 contratos temporales -cifra únicamente superada en el 2006-, tras la conversión en agosto de 67.161 contratos en indefinidos (49,2% más) y en septiembre de 80.500 contratos (37,5% más).

IMPULSO PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD

Valerio ha explicado que el Ejecutivo prevé desbloquear una ley, propuesta por el PSOE cuando era oposición, aprobada por el Congreso y no implementada por el PP, para dotar de mayor capacidad para definir la distribución de la jornada por parte de los trabajadores. "Se trata de definir las causas de esta modificación para que sea más garantista para los trabajadores", ha defendido la ministra.

En este sentido, el Gobierno estudia obligar a las empresas a que registren el horario de sus trabajadores, para prevenir el abuso de horas extras que encubran jornadas completas que tienen contrato de parciales. También elevar la calificación de dicha infracción a grave. Algo que partidos de la oposición como Unidos Podemos o ERC le han instado a acelerar y blindar con carga de obligatoriedad.

REIVINDICA EL PACTO DE TOLEDO

"El compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo es inquebrantable", ha afirmado en relación a la reforma del sistema de pensiones y a la vinculación de sus incrementos al IPC. "Se debe incidir en medidas por el lado de los ingresos y no del gasto", ha comentado la ministra a tal aspecto.

Valerio ha reivindicado contundentemente el acuerdo alcanzado hace unas semanas, un posicionamiento que difiere un tanto del expresado este martes por su compañera de Gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño. La titular de Economía declaró a la salida de una reunión en Bruselas que en materia de pensiones no se puede atender a un único parámetro, como es el IPC.