La crisis ha disparado las prácticas fraudulentas en el mundo empresarial, lo que ha llevado a la Administración a redoblar los esfuerzos --y a veces, el ingenio-- para la detección de la economía y el empleo sumergido. Así lo revela, en el ámbito laboral, la actividad de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social (ITSS) en Aragón, que en los dos últimos años ha elevado un 64% las labores de control del llamado trabajo negro, pasando de 4.867 expedientes en el 2008 a 8.048 en el 2010. Como resultado, el año pasado detectó 2.117 trabajadores en situación irregular, un 67% más que en el 2008 (1.266).

La amplía mayoría de los casos corresponde a personas sin alta en la Seguridad Social. En esa situación se descubrieron el año pasado 1.848 trabajadores, un 12% más que en el 2009 (1.646) y más del doble respecto al 2008 (837). También afloraron 104 empleados extranjeros sin autorización para trabajar, aunque este tipo de irregularidad se ha desplomado --más de tres veces menos que en el 2008 (363)-- por las escasas necesidades de mano de obra.

En este sentido, el pasado año se dio un nuevo fenómeno, como fue la detección de dos redes de falsificación de contratos, que concedían autorizaciones para trabajar a personas extranjeras o para la obtención fraudulenta de prestaciones por desempleo.

La responsabilidad de dichas infracciones recae sobre el empleador (la empresa), salvo en el caso del trabajador sin asegurar que percibe prestaciones por desempleo u otra ayuda incompatible. En esa situación se detectaron 165 personas, frente a 124 en el 2009 y a 66 en el 2008.

AMNISTÍA FISCAL "La crisis ha elevado el fraude en el trabajo, hay más gente sin asegurar", afirmó el director de Inspección de Trabajo en Aragón, Román García, quien consideró que la economía irregular en el plano laboral "es cada vez es más difícil de detectar, porque se concentra en actividades esporádicas y que no están de cara al público". Alertó asimismo del auge de la falsa contratación a tiempo parcial: "Tenemos conocimiento de que hay muchos trabajadores que sospechamos que hacen más horas de las que cotizan". Para atajar el problema, el Gobierno ha anunciado esta semana que impulsará un plan para aflorar el empleo sumergido para contribuir a sanear las cuentas públicas y no descarta adoptar, para ello, alguna iniciativa de amnistía fiscal o perdón de cotizaciones sociales.

El peso recaudatorio de esta lucha recae en la Agencia Tributaria, que persigue el fraude fiscal y recuperó 10.000 millones de euros en toda España (el 1% del PIB nacional) en el 2010, un 20% más. Pero también a pequeña escala la ITSS ha elevado los ingresos provenientes de sus sanciones. El año pasado recaudó 21 millones en Aragón, un 31% más.

Por sectores, las actividades donde más fraude laboral se identificó (ver gráfico) fueron hostelería (con 1.905 expedientes) y comercio (1.404). Éste último ha desplazado del tercer y cuarto puesto a construcción (1.408) y servicios (483).