La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, prevé desbloquear una ley, propuesta por el PSOE cuando era oposición, aprobada por el Congreso y no implementada por el PP, para dar mayor capacidad para definir la distribución de la jornada por parte de los trabajadores. «Se trata de definir las causas de la modificación para que sea más garantista para los trabajadores», ha defendido.

En este sentido, el Gobierno estudia obligar a las empresas a que registren el horario de sus empleados, para prevenir el abuso de horas extras que encubran jornadas completas que tienen contrato de parciales. A su vez pretende elevar la calificación de dicha infracción a grave.

Valerio realizó dichas declaraciones en una comparecencia ayer en la Comisión de Empleo en el Senado, en la que también anunció los primeros resultados del Plan Director por un Trabajo Digno para combatir el fraude en la contratación parcial no justificada. Un total de 6.292 trabajadores con contratos a media jornada han visto cómo, tras el aviso coordinado del ministerio y la Inspección de Trabajo, las empresas les han alargado su jornada.

La ministra aseguró que estos trabajadores representan al 12,5% de los detectados por la Inspección de Trabajo. Un porcentaje de éxito menor que en el caso de la temporalidad fraudulenta, cuyos primeros resultados la ministra ya hizo públicos y, según los cuales, las empresas han transformado un total de 46.554 contratos temporales fraudulentos, el 57,8% de los detectados.

La segunda fase del plan consistirá en visitar las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores, «lo que contribuirá a mejorar los resultados», aseguró la ministra.

Por otra parte, la ministra insistió en que «el compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo es inquebrantable», en relación a la reforma de las pensiones y a vincular sus incrementos al IPC. «Se debe incidir en medidas por el lado de los ingresos y no del gasto».