El Tribunal General de Justicia Europeo ha inadmitido el recurso interpuesto por Aragón, Asturias y Castilla y León contra la reglamentación comunitaria sobre ayudas públicas al carbón. La apelación se oponía a la decisión de Bruselas que obliga a las minas que quieran seguir con su actividad más allá de 2018 a devolver las ayudas recibidas, lo que pone en peligro que las explotaciones puedan seguir operativas incluso siendo competitivas.
Tras el rechazo del tribunal europeo, las tres comunidades autónomas mantendrán sus posiciones de defensa de la actividad extractiva del carbón en aquellas empresas mineras que sean competitivas en 2018, según informó ayer el Gobienro de Aragón en un comunicado. Se plantean incluso recurrir el auto de la Justicia europea.
Instan asimismo al Gobierno central a elevar la defensa política de la continuidad de las empresas mineras competitivas más allá del 2018, como ya se comprometió a hacer el Ministerio de Industria, que está tratando de modificar este aspecto del reglamento europeo del carbón.
