La decisión de la Audiencia Nacional de investigar a la antigua cúpula y a exdirectivos del Banco de España por la salida a bolsa de Bankia ha supuesto un golpe sin precedentes y de consecuencias imprevisibles para la institución. Tal es así que tardó 24 horas en reaccionar públicamente. La comisión ejecutiva acordó ayer «por unanimidad» manifestar su «plena confianza» en todos los responsables del organismo imputados y afirmó que espera que las actuaciones de los jueces «permitirán aclarar cuantas dudas existan sobre la actuación del Banco de España en el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia, considerando que se ajustó, en todo momento, al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general».
De esta forma tan tajante, el organismo gobernado por Luis María Linde avaló a los imputados pese a que los más importantes de ellos pertenecen al equipo del Gobierno anterior. El propio gobernador, al llegar al cargo en el 2012, admitió que el Banco de España había actuado con «poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado» antes y durante la crisis en la supervisión macroprudencial.
En los años posteriores, sin embargo, se ha ido instalando en la institución la sensación de que se le quiere convertir en el chivo expiatorio de la crisis. Así se interpreta la decisión de los grupos parlamentarios de abrir una comisión de investigación. O las fuertes críticas de los sindicatos, que se la tienen jurada desde hace años por las duras medidas laborales que preconiza.
La cúpula, así, entiende que lo que está en juego es la reputación del organismo y por ello ha salido en defensa de los imputados: una cosa es que hubiera errores de gestión, que en el caso de Bankia tampoco se admiten, y otra distinta es que haya responsabilidades penales.
INDICIOS
De ahí el respaldo a la actuación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador Javier Aríztegui, y los exdirectivos Jerónimo Martínez Tello, Pedro Comín, Mariano Herrera y Pedro González (de cuyas defensas se hará cargo el supervisor, probablemente a través de un abogado del Estado), pese a que la Audiencia Nacional ha observado indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados».
El pronunciamiento de la Audiencia Nacional se ha producido cuando el Banco de España prepara un documento para explicar su actuación durante la crisis. En un artículo publicado hace unos días en El País, Linde aseguró que ha llegado el momento de «ofrecer una visión de cuál fue la actuación del supervisor entre 2008-2012», en la época de Fernández Ordóñez. Sin embargo, en la institución desligan este informe, que no saben cuándo ni cómo saldrá a la luz, de la actuación de los jueces. De hecho, Linde defendió que no tiene «ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa, pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre».
La decisión de la Audiencia, además, se produce en un momento de fuerte división en el seno de la institución. Parte de los inspectores, liderados por la junta directiva de la Asociación de Inspectores, lleva desde el 2006 acusando a los máximos dirigentes del organismo de «mirar para otro lado» ante los excesos de la banca y ha sido especialmente crítica tanto con el papel de la institución en la salida a bolsa de Bankia como con su colaboración en la investigación judicial. Este grupo ha aplaudido la decisión de los magistrados.
En cambio, algunas fuentes apuntan que otros inspectores han recogido firmas de apoyo a los imputados que han dimitido de sus altos cargos pero seguirán en nómina de la institución. Herrera, Comín y González, los únicos que aún ocupaban puestos de responsabilidad, dimitieron el lunes. La comisión ejecutiva ha aceptado sus renuncias y les ha expresado «su agradecimiento por los servicios prestados».
