La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) anunció ayer que llevará a cabo nuevas movilizaciones en noviembre, ya que considera "escasas, ridículas y confusas" las medidas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros para paliar la crisis de gasóleo. Del mismo modo, los transportistas de la comunidad también solicitaron la necesidad de poner en marcha políticas activas que posibiliten amortiguar los efectos del encarecimiento del carburante.
Tras recordar que el elevado precio que había alcanzado el gasóleo en los últimos meses, el secretario general de UAGA, Javier Sánchez, manifestó que el sector agrario necesitaba "soluciones estructurales y no coyunturales". "Lo que nos está ofreciendo el Gobierno son 100 millones de euros virtuales", señaló el máximo responsable de la organización, al tiempo que añadía que aún no les habían explicado en qué consistían las ayudas aprobadas.
Por su parte, los transportistas aragoneses tampoco descartan las protestas si las diferentes Administraciones no ponen en marcha políticas activas encaminadas a paliar los efectos derivados del alza del carburante, que, en muchos casos, llega a suponer el 30% de sus gastos. Así lo manifestaron ayer desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y de la Asociación de Transportes Discrecionales de Mercancía de Aragón (Tradime).
El secretario general de UPTA-Aragón, Alvaro Bajén, comentó que el encarecimiento del gasóleo de automoción está colocando a los consumidores profesionales del carburante, sobre todo a los pequeños, en una "situación precaria", al repercutir directamente en la pérdida de rentabilidad de sus negocios.
El gerente de Tradime, Jesús Bueno, solicitó la aplicación en España de la directiva comunitaria de octubre del 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y que recoge un gasóleo profesional para transportistas y taxistas. No obstante, Bueno abogó por una regularización "más profunda", ya que dicha normativa deja fuera a los conductores de furgonetas con carga ligera, a los agentes comerciales y a otros colectivos que viven de actividades que dependen del uso del vehículo. Asimismo, apuntó la necesidad de otorgar ayudas directas al sector.
