Mientras el Gobierno estudia medidas para compensar a los agricultores por el disparo del precio de los carburantes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) confirmó ayer la ilegalidad de una parte de las ayudas concedidas en el 2000 para compensar la anterior alza del gasóleo. El Tribunal Europeo rechazó los argumentos del Gobierno para justificar la bonificación de préstamos y garantías a las explotaciones agrarias y la prórroga durante dos años de la reducción de la tributación en la venta de fincas rústicas y explotaciones agrarias.
La sentencia ratifica la decisión de la Comisión Europea de diciembre del 2002 de exigir al Gobierno la recuperación de las bonificaciones y ventajas fiscales concedidas a los agricultores mediante las dos medidas ilegales.
El Ejecutivo comunitario avaló en esa fecha una parte de las ayudas concedidas. Sin embargo, la Comisión Europea estimó que la bonificación de los préstamos y la prórroga de la reducción de la tributación de las plusvalías eran ayudas públicas ilegales.
