Empieza a haber condiciones para convocar una huelga general». Así lo aseguró ayer en Zaragoza el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, momentos antes de abrir la IV Asamblea Confederal Consultiva, que reunió a cerca de 2.500 delegados del sindicatos venidos de todos los puntos de España. Aunque la central no se plantea esta convocatoria como un «objetivo final», recalcó que todo depende de si el Gobierno atiende o no las demandas ciudadanas y sindicales que piden una dignificación de las pensiones y los salarios. «Se trata de que no solo salgan de la crisis unos pocos y empezar a recuperar derechos perdidos», defendió, al tiempo que se mostró convencido de que los jóvenes serán el próximo colectivo que «se va a sumar a la lucha» que en los últimos meses han abanderado las mujeres y los pensionistas. En este caso, animó a las nuevas generaciones a movilizarse contra el empleo precarios y los bajos salarios.
En un ambiente festivo y reivindicativo, el líder ugetista exigió al Gobierno del PP que rectifique sus políticas empezando por las pensiones, con la derogación de las dos reformas aplicadas por Mariano Rajoy para recuperar la revalorización según el IPC. Advirtió además de que la subida del 0,25% -«que es una mierda», proclamó- hará que quienes se jubilen en el año 2044 tengan prestaciones un 30% inferiores a las de ahora.
Álvarez consideró por tanto que es un problema que afecta a los actuales y futuros pensionistas, por lo que si no el Ejecutivo no lo soluciona habrá una respuesta en la calle «todavía más contundente y de todos los trabajadores», enfatizó en clara alusión a un posible paro general.
Protestas el 15 de abril / «La batalla de las pensiones la vamos a ganar», aseguró, al tiempo que animó a las bases de sindicato a seguir movilizándose en las calles por este asunto. En este sentido, y tras el éxito de las manifestaciones y concentraciones del pasado 17 de marzo, Álvarez anunció que UGT convocará junto a CCOO una nueva jornada de protestas en el conjunto del país para el próximo 15 de abril en demandas de unas prestaciones dignas. «Para nosotros la movilización es el elemento clave que nos hará recuperar derechos», recalcó.
En material salarial, afirmó que el sindicato apuesta por subir especialmente las retribuciones más bajas y se felicitó por ello del pacto alcanzado el pasado año con el Gobierno y la patronal para incrementar el salario mínímo interprofesional un 20% en cuatro años, hasta los 850 euros en el 2020. Esta medida, dijo, ha sido la «prierma luz» tras los duros años de la crisis y el siguiente paso debe ser un acuerdo de negociación colectiva (ANC) -la negociación con la patronal sigue atascada- que recoge una subida del 3% al 4% «para recuperar el poder adquisitivo perdido y repartir el dinero que las empresas están ganando a manta».
El secretario general de UGT hizo también especial hincapié en el carácter «feminista» de la organización, que va a intensificar sus acciones en favor de las mujeres. «Poneros las pilas», instó a los delegados, para avanzar en la lucha contra la brecha salarial y otras discriminaciones que sufren ellas. Llamó asimismo a librar una «guerra sin cuartel contra los cerdos acosadores» que sigue habiendo en los centros de trabajo y otros entornos.
Álvarez ensalzó la labor realizada por los delegados de UGT en Opel durante la negociación del último acuerdo con la empresa. En este sentido, urgió «políticas de Estado» en favor de la industria para que el «esfuerzo» de los sindicatos en esta sector no sea en balde. El líder ugetista se congratuló asimismo de la subida salarial pactada recientemente para los policías nacionales y guardias civiles, que supone «dignificar» las condiciones de estos «servidores públicos».
La «estafa» de la crisis
El secretario general de UGT, Daniel Alastuey, criticó la creciente desigualdad, de la que responsabilizó al Gobierno y las políticas desarrolldas. «Nos venden lo bien que va la economía, el PIB, las grandes cifras.... pero los trabajadores y los ciudadanos no notan la recuperación y por eso salen a la calle para desmentir lo que dice Rajoy», afirmó. A su juicio, las recetas aplicadas en España para salir de la crisis «son una estafa», ya que «la riqueza no se reparte» y la mejora de la economía «solo favorece al capital».
Esto es consecuencias, agregó, de que la reforma laboral del PP «ha roto» las reglas de la negociación colectiva, «el principal mecanismo para la redistribución de la riqueza». Con esta norma, simbolizó, «nos han atado una mano a la espalda y tenemos que soltarla».
Tanto Álvarez como Alastuey hicieron un llamamiento a sus bases para liderar la contestación social «sin discutir» con otros colectivos promotores de movilizaciones porque «no sobra nadie».
