Los sindicatos UGT y CCOO convocarán movilizaciones sociales en 2018 si el Gobierno y la patronal no revierten "la dureza" de los tiempos de crisis y aceptan que hay que subir los salarios e implantar empleo de calidad.

Así lo advierten los secretarios generales de los principales sindicatos en Aragón, Daniel Alastuey, de UGT, y Manuel Pina, de CCOO, en sendas entrevistas concedidas a Efe.

El diagnóstico es común en ambos, de ahí que las exigencias coincidan. Para Alastuey, Gobierno y empresarios "pretenden seguir con la misma dureza que en los tiempos más crudos de la crisis", de modo que si la patronal mantiene la misma actitud y no asume subidas salariales, "habrá que movilizarse".

El secretario general de UGT en Aragón destaca que "hay que empezar ya a cambiar el discurso y pensar que la riqueza que se está generando hay que repartirla", y la mejor manera, asegura, es subiendo los salarios.

"Si uno coge las cifras oficiales de la contabilidad nacional, lo que ha pasado es que 15.000 millones de euros que estaban en el bolsillo de los trabajadores en el inicio de la crisis han pasado al de los empresarios", ya que se produce lo mismo pero se reparte de una manera "muy desigual", asevera Alastuey antes de sentenciar: "Somos los campeones de la desigualdad".

Lo básico para apuntalar la economía es, a su juicio, que los trabajadores recuperen esa riqueza con subidas salariales, de en torno al 3 %, y con cláusulas que las garanticen.

En los cerca de cinco años que lleva al frente del sindicato, admite que ha vivido tiempos "duros" por los problemas internos de su organización, los cuales se han ido corrigiendo, de modo que el panorama ahora está "más o menos despejado".

Para Alastuey, es lógico que durante los años más duros de la crisis se pusiera el acento en salvar puestos de trabajo, pero los tiempos han cambiado y urge, ahora que se está recuperando el empleo, poner el "énfasis" en que ese empleo sea de calidad.

"Mientras el empleo sea de una calidad pésima, y eso sea fruto de una reforma laboral que no ha sido derogada, evidentemente no vamos a cambiar los equilibrios", enfatiza el líder de UGT Aragón, para quien son necesarios cambios en la legislación y en la "mentalidad" del Ejecutivo.

Encauzar los cambios debe comenzar con una subida "generosa" del Salario Mínimo Interprofesional, que permita alcanzar el 60 % del salario medio en pocos años (Gobierno y agentes sociales pactaron una subida del 4 % para 2018), y con incrementos en las pensiones y en las nóminas de los empleados públicos.

Además, cree que hay dos retos que se deben afrontar actualmente: por un lado, la digitalización de la economía que pone en cuestión el propio valor del trabajo, por lo que una de las propuestas de UGT es abrir un debate en torno a la cotización a la Seguridad Social de los robots.

Por otro, los trabajos desregulados que algunos definen como "economía colaborativa" y que representan la "apropiación" de rentas de trabajadores por parte de plataformas.

Alastuey, asimismo, lamenta que la recuperación económica se apoye esencialmente en sectores que apenas crean valor añadido, en especial los servicios, en vez de alimentarse de políticas industriales. "Vamos de burbuja en burbuja", insiste.

Y ello a pesar de que se ha demostrado que los países más industrializados, incluso las comunidades con un mayor peso de este sector, como Aragón, han soportado mucho mejor la crisis, aunque destaca acto seguido que aún 71.000 aragoneses están desempleados.

Considera, por ello, que faltan políticas económicas dirigidas al tejido industrial en el Gobierno de Javier Lambán, con el que, no obstante, se muestra satisfecho por la recuperación del diálogo social y por haber reforzado servicios públicos que habían sido "muy dañados".

Por ello, en su opinión, el debate de la financiación autonómica ha de tener en cuenta el coste exacto de mantener los servicios públicos en cada territorio. "Esperemos que Aragón no sea de las perdedoras en la reforma de la financiación y que el debate se plantee desde el punto de vista de la justicia entre las personas", añade.

Sobre Opel, en cuya factoría de Figueruelas empresa y trabajadores negocian las condiciones del nuevo convenio, Alastuey confía en que "la tradición de acuerdos que ha existido en Opel, y que en cierto modo es la que tiñe de paz social el conjunto de la región, sea capaz de funcionar otra vez", concluye.

En CCOO ha llegado el momento de "salir a la ofensiva" y reivindicar empleo de calidad, salarios dignos y recuperación de derechos laborales, por lo que si Gobierno y patronal no son receptivos a tales demandas, habrá movilizaciones este año 2018.

"Ya no se justifica de ninguna manera situaciones como la práctica congelación salarial en algunas empresas y sectores, o situaciones de no recuperar los derechos que se habían perdido", remarca en una entrevista con EFE el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, elegido este año por primera vez.

El sindicato, y el sindicalismo en España en general, ha atravesado una coyuntura difícil marcada incluso por cierto "desprestigio" social, pero Pina argumenta que han hecho autocrítica y la situación ha dado la vuelta. CCOO ha registrado en 2017 un aumento de 1.500 afiliados.

Tras los años de crisis, en los que primaron el "miedo" y negociaciones complicadas y en los que los trabajadores no estaban muy predispuestos a la movilización, el secretario general de CCOO Aragón apuesta ahora por que la organización se sitúe en la realidad, en las necesidades de los trabajadores.

Concretamente, en el ámbito del empleo, Pina incide en recuperar la idea de que "a un trabajo fijo tiene que ir unido un trabajador fijo" como modo de combatir la temporalidad.

Y en cuanto a los salarios, insiste en la necesidad de equiparar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al de los países vecinos de la UE y en que los empleados públicos recuperen su poder adquisitivo.

Estas dos cosas, subraya Pina, dependen exclusivamente del Gobierno y pueden servir para "tirar" de los salarios en el sector privado.

Además, aboga por planes específicos para los sectores de la población más castigados por la crisis económica: desempleados de larga duración, jóvenes y mujeres.

Aunque los problemas que sufren estos grupos eran previos a la crisis, su situación de ha agravado, lo que achaca al auge de los contratos temporales, y por ello, exige que las bonificaciones a la contratación se destinen exclusivamente a la contratación fija de estos tres grupos.

Porque el dinero de estas bonificaciones, 24.000 millones de euros en los últimos años, procede de la caja de las pensiones, apunta Pina.

Precisamente sobre el sistema de pensiones afirma el secretario general de CCOO que urge protegerlo de decisiones políticas, como por ejemplo la de bonificar los contratos temporales con fondos de la hucha de las pensiones.

Para el dirigente sindical, este hecho provocará su vaciamiento el próximo verano o que sea el único sistema que se pague únicamente con lo que aportan las personas que trabajan.

En el ámbito aragonés, también se declara satisfecho con el resucitado diálogo social después de que tuviera un desarrollo "escaso" en la anterior legislatura PP-PAR.

Al igual que su homólogo de UGT, Pina reconoce las "importantes" apuestas sociales del Gobierno que preside Javier Lambán, aunque le reprocha la falta de inversión, algo que espera que remonte durante el año y medio que resta de legislatura (la semana pasada el Ejecutivo aragonés aprobó un proyecto de Presupuestos para 2018 que apunta a una subida de la inversión del 13 por ciento).

Entre los "peros" de la gestión de Lambán también subraya la ausencia de Ley de Renta Básica, que sigue sin aprobarse.

La crisis política e institucional de Cataluña depara igualmente unas conclusiones muy similares en los secretarios generales de UGT y de CCOO, quienes abogan por recuperar para el primer plano los asuntos que preocupan a los ciudadanos, es decir, condiciones laborales dignas y bienestar social.

También subrayan que si la economía catalana no se reactiva, Aragón será la primera comunidad afectada, ya que es el primer cliente comercial de Cataluña.

Y sobre el futuro de la planta de Figueruelas, de Opel, el dirigente de CCOO recuerda que en cualquier negociación hay momentos difíciles de "tira y afloja", con propuestas en un primer momento "inasumibles" para las partes, pero reclama "maduración" y "reflexión" para llegar a un equilibrio.

A su juicio, la empresa ha demostrado ser "productiva" y la idea principal es que Figueruelas pueda recuperar su capacidad máxima, perdida hace bastante tiempo.