UGT y CCOO anunciaron ayer movilizaciones y actos de presión en Renfe para evitar que el proceso de apertura a la competencia que iniciará el sector a partir del próximo 18 de mayo, fecha en la que entrará en vigor la nueva Ley Ferroviaria, se lleve a cabo con "precipitación" y garantice la seguridad de los usuarios y los derechos de los trabajadores. Así lo pusieron de manifiesto ayer el secretario general de la sección ferroviaria de CCOO, Juan Carlos Cáceres, y su homólogo en UGT, Honorio Vázquez, que participaron en una asamblea informativa con trabajadores de Renfe en Zaragoza, en la que alertaron de las "nefastas" consecuencias que puede tener una "rápida" aplicación del nuevo reglamento.

Los representantes sindicales informaron del programa de movilizaciones que se van a celebrar para reclamar al Ministerio de Fomento una serie de medidas que garanticen, entre otras cuestiones, el mantenimiento de las condiciones laborales de los 31.000 empleados de Renfe (1.300 en Aragón), y que se abrirán el 13 de febrero con una concentración de delegados en Madrid. Para el día 21 de febrero está prevista una manifestación en la capital de España.

El objetivo de las movilizaciones es, entre otras cuestiones, reclamar un plan de negocio que garantice la viabilidad de la compañía, que según los planes de Fomento quedará dividida en Renfe Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Así, incidieron en la dificultad que planteaba la deuda de 7.200 millones de euros que arrastra la compañía a la hora de competir en un mercado libre. Asimismo, solicitaron un "periodo de transición" en la aplicación de la norma, que permita al nuevo ministro de Fomento, junto con los sindicatos y Renfe, ir estructurando el sector al nuevo escenario, "con los correspondientes ajustes".

"Si el ministro hace oídos sordos, los trabajadores no nos vamos a quedar quietos. Para ello, iniciaremos acciones escalonadas que acabarán en protestas más contundentes, sin descartar la huelga", añadieron.