Los sindicatos criticaron ayer el decreto integrado en el anteproyecto de la ley de mutuas, publicado el pasado 21 de julio y que entrará en vigor el 1 de septiembre, por el que se establece una nueva regulación en el control y seguimiento de la incapacidad temporal por parte de las mutuas, que podrán controlar el proceso desde el primer día de baja. Este cambio de gestión refuerza las competencias de estas entidades privadas "afectando a la protección sanitaria de los trabajadores", según los sindicatos.

"El decreto y el anteproyecto de la ley de mutuas consolidan el interés privado empresarial de estas entidades para ganar terreno a la gestión pública", apuntó el secretario de salud laboral de CCOO Aragón, Benito Carrera. Así, añadió que la medida desacredita la profesionalidad de los médicos del sistema público de salud y los sitúa como meros administradores, ya que serán las propias entidades privadas las que supervisen el trabajo del personal médico del sistema público.

Esta normativa responde a las reivindicaciones hechas por las mutuas, en línea con la idea de Gobierno, respecto al absentismo laboral. Según CCOO, esto supone considerar a las personas que sufren una incapacidad temporal, como posibles defraudadores de la Seguridad Social. "Se miente en el encaje de este concepto", afirma Carrera. Según la estadística del Ministerio de Trabajo, el absentismo muestra parámetros del 3,5%, e indica que el 72% de la población activa no presenta en el plazo de un año ninguna incapacidad por enfermedad común.

El decreto recoje el aumento del poder económico y médico de las mutuas, otorgándoles la capacidad de emitir propuestas de alta de enfermedades comunes, en lugar de centrarse solo en los accidentes laborales. Según los sindicatos, esta norma incide en las políticas antisociales del Gobierno debido a que responde a un criterio de gestión economicista de la incapacidad temporal, lo que deja fuera las prioridades a la la salud de las personas. "Las mutuas van a actuar como fiscales sin estar sometidas a ningún control y ello podrá llegar a tener consecuencias aberrantes para la salud del trabajador", recalcó Carrera.