Josep Maria Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO, intentan que la agenda social, especialmente la creación de empleo indefinido, la subida de los salarios y de las pensiones, se haga un hueco en la agenda política que está monopolizada por el conflicto con el independentismo en Cataluña.

Tras la reunión celebrada esta mañana entre delegaciones de las ejecutivas de ambos sindicatos, Álvarez y Sordo han instado al Gobierno y a la CEOE a reunir a las mesas de negociación pendientes desde el verano. Si tras las elecciones del 21 de diciembre, la parálisis permanece, las centrales mayoritarias estudiaran medidas de presión y movilizaciones.

El problema gordo

El conflicto catalán "no es tanto una excusa pero si un hecho objetivo que la sociedad no apremia" para que los temas sociales estén en el primer plano del debate ciudadano, ha señalado Álvarez, para quien es "un problema gordo" que los salarios no crezcan en un país en el la economía lo hace cerca del 3%.

No hay un tema más importante que otro, pero los cambios a la baja en las previsiones de crecimiento económico de España y Catalunya pueden poner en riesgo una bonaza que sin haberse consolidado era el argumento central de los sindicatos para reclamar más salarios y pensiones y negociar medidas de creación de empleo. Pero la declaración unilateral de independencia y sus consecuencias han truncado la estrategia sindical para este otoño.

Ambas centrales consideran "comprensible por la gravedad de la situación" que el foco de atención política, mediática y ciudadana esté puesto en el tema catalán, pero no quieren relegar a un segundo plano otros temas no menos graves.

La "parálisis" política, en expresión de UGT y CCOO, no es una excusa para que la CEOE no se siente a negociar una revisión de los salarios para el 2018 o para que el Gobierno trate de los salarios públicos o el nuevo salario mínimo que deben figurar en los próximos Presupuestos del Estado o de diversos planes de empleo, temas fundamentales de la agencia social.

Ambos líderes sindicales han considerado que la encarcelación de algunos dirigentes independentistas son medidas "desproporcionadas, contraproducentes y poco útiles" para canalizar el conflicto político hacia un escenario de negociación que esperan surja tras las elecciones del 21 de diciembre. Pero insisten en que las centrales "ni son ni quiere ser" el actor fundamental del conflicto político.