La UGT pide al Gobierno central que se sancione a las multinacionales que abandonen España. El sindicato reclama que "se condicione" el mantenimiento de las ayudas públicas a estas empresas al "compromiso" de que permanecerán en el país. El propósito es evitar una mayor "avalancha" de fugas, como los protagonizados recientemente por Samsung y Philips. El sindicato considera acertada la posición de la Generalitat de exigir responsabilidades a las empresas en los casos recientes de deslocalización.
El sindicato, en un informe sobre este fenómeno industrial, señala que en dicho compromiso debería incluirse la titularidad del suelo para evitar que las empresas especulen con él, y abogó por que todas estas condiciones, desde el momento en que sean de aplicación, puedan exigirse tanto a las multinacionales que vengan a instalarse en España como a aquellas que ya lo están.
La organización dirigida por Cándido Méndez advierte de que el fenómeno de la deslocalización empresarial "se irá de las manos" si no se adoptan "decididamente" actuaciones de ámbito estatal y territorial que, "incluso por medio de sanciones", inciten al abandono de estas "peligrosas" iniciativas por parte de las empresas. El sindicato, además, considera que ese proceso "promete intensificarse" en el marco de la Europa de 25 estados.
Por este motivo, también defiende la puesta en marcha de medidas de carácter preventivo, como los observatorios permanentes sectoriales, desde los que analizar los cambios del modelo productivo y poder anticiparse a decisiones de deslocalización y a las repercusiones que éstas tienen sobre el empleo.
Asimismo, el sindicato propone adoptar una estrategia competitiva acorde con las "debilidades" de la estructura productiva española, en virtud de la cual la competencia en mercados y productos no se base en reducción de costes.
La estrategia de la deslocalización empieza a ser para el sindicato de Cándido Méndez una práctica demasiado "habitual y peligrosa", que afecta a sectores intensivos en mano de obra, como el textil, el automóvil, la química y la electrónica, cuyos centros de producción son trasladados a países del norte de Africa (principalmente a Marruecos), los nuevos países de la ampliación, o el continente asiático. UGT acusa al Gobierno de falta de una verdadera política industrial, coordinada y ligada a las necesidades de cada sector y territorio y recordó los "preocupantes" datos arrojados por la última Encuesta de Población Activa (EPA), en los que se refleja que la industria destruyó 94.800 empleos durante el 2003.
