Veinte meses después de que estallara la crisis de Walthon Weir Pacific, los trabajadores de la fábrica zaragozana, junto con la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-Aragón, continúan investigando las circunstancias que llevaron a la compañía a la quiebra y a su cierre posterior. De esta forma, la pasada semana presentaron ante los servicios centrales de la Inspección de Trabajo de Madrid una nueva denuncia, en la que se aporta nueva documentación, y en la que se recoge el entramado de participaciones de los últimos administradores de Walthon en 16 sociedades.

Según consta en la denuncia presentada ante la autoridad laboral contra los administradores de Walthon --Angel Arceiz, Juan Carlos Arceiz, Ismael Arceiz, Ramón Rastoll, Fernando Forcada, la sociedad Euromanager Europa y Jordi Bracons--, todos ellos aparecen interrelacionados en distintas sociedades. Es el caso de Euro Partts Hipotecario, Euro Manager Europa o de Euro Azar Siglo XXI, entre otras, que fueron constituidas por las mismas fechas, entre los meses de diciembre de 1999 y enero del 2000. Según consta en la documentación presentada, todo parece indicar que se trataba de una trama empresarial y financiera cuyo objetivo era mantener la actividad económica y fabril de Walthon, por un lado, así como favorecer el enriquecimiento de todos los partícipes en su gestión.

SOCIEDADES FANTASMAS Así, en los datos aportados se recoge que la mayoría de estas empresas eran sociedades que tanto en sus actividades, como en sus resultados económicos, carecían de interés. Sin embargo, todas ellas terminaban comprando válvulas a Walthon --la única de estas compañías cuya actividad era pública y con una plantilla de cerca de 190 trabajadores-- y adquiriendo compromisos de pagos con diversas financieras en forma de lo que se denomina letras de colusión (aquellas emitidas mediando un pacto fraudulento entre el librador y el librado, no existiendo compraventa de mercancías o prestación de servicio que justifique su libramiento).

De la misma forma, en el entramado analizado también aparecen empresas con determinada viabilidad, que terminaron siendo vaciadas y, al igual que el resto, utilizadas como recipientes de peticiones de líneas bancarias de descuento.

En este entramado cabe resaltar la vinculación existente entre Jordi Bracons, Juan Carlos Arceiz y Fernando Forcada en Euro Partts Hipotecario. Parece ser que la única actividad de esta empresa, operativa entre febrero del 2000 y mayo del 2001, era la captación de capital. Sus operaciones se realizaban por medio de reconocimientos de deuda entre la sociedad e inversores privados, a los cuáles ofrecían altos rendimientos (entre el 40 y el 60% anual). Los débitos no fueron devueltos y, en la actualidad, hay un buen número de afectados en San Sebastián, Pamplona y en la ribera navarra.

Del mismo modo, según se recoge en el informe aportado en la denuncia, esas captaciones financieras tenían un destinatario --el despacho del presidente de Walthon, Angel Arceiz-- y un transportador (Forcada). Según este último, estos fondos iban destinados a financiar la actividad de las empresas vinculadas a los hermanos Arceiz y al resto de integrantes de la dirección de la fábrica.

En este sentido, también han sido detectados ciertos comportamientos "mecánicos" que se establecían por parte de Euro Partts Hipotecario a la hora de responder a los compromisos contraídos con sus prestatarios. Así, la sociedad emitía un pagaré debidamente conformado por sus administradores mancomunados (Bracons y Juan Carlos Arceiz), que se extendía contra una determinada cuenta. Por regla general, dicho pagaré solía ser no conforme y a las 48 horas de haber sido ingresado en cuenta, se solía producir la aceptación y pago del mismo. Habitualmente, la conformidad de pago del pagaré venía dada por trasvases de dinero de otras cuentas, cuyas firmas las ostentaban Bracons y los hermanos Arceiz.

"Era un entramado de empresas fantasmas y personas coordinadas y dispuestas a aprovecharse de cualquier circunstancia con el único objetivo de enriquecerse", se señala en la denuncia, en la que se cifra en más de 25 millones de euros el dinero que ha circulado, mientras que el coste social --por el cierre de empresas-- se estima en más de 600 empleos. Por todo ello, los trabajadores de Walthon piden a la autoridad laboral que, ante los nuevos datos, realice las actuaciones que considere procedentes y, en caso de opinar que son constitutivos de delito, se comuniquen al Ministerio Fiscal.