El operador postal Unipost, que está en concurso de acreedores, presentó ayer un expediente de regulación de empleo (ERE) para 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España. Unipost presentó el pasado mes de julio concurso voluntario de acreedores. Tiene una deuda de 47,4 millones de euros y unos activos de 40,6 millones.

Fuentes sindicales explicaron a Efe que la representación de los trabajadores ha recibido una comunicación del bufete de abogados Jausas, que ejerce como administrador concursal, explicando esta decisión podría suponer la liquidación de la compañía. El administrador concursal asegura que su objetivo es buscar un comprador para la unidad productiva, que podría ser tanto otra compañía del sector como un fondo de inversión, lo que permitiría mantener los puestos de trabajo de parte de la plantilla.

Unipost es propiedad de una rama de la familia Raventós. Se data la circunstancai de que uno de sus locales en Terrassa (Barcelona) fue registrado por Guardia Civil para evitar la celebración del referéndum del 1-O.

Unipost, el principal operador privado del país, mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan de viabilidad que permitiera redimensionar la plantilla a las actuales necesidades del negocio.