La mayoría de los acusados por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid coincidieron ayer en una misma estrategia de defensa: asegurar que desconocían que eran irregulares o ilegales, pese a que algunos de ellos rechazaron su uso por motivos éticos. Los acusados, que cargaron 12,5 millones de euros entre el 2003 y el 2012 a sus visas opacas, han impugnado la famosa hoja Excel, aportada por Bankia (que ejerce la acusación particular), en la que se detallan los gastos a la que niegan su validez jurídica.

En la vigésima tercera jornada de la vista, los usuarios procesados rechazaron reconocer a Bankia como heredera legal de Caja Madrid y, por tanto, como perjudicada por los desembolsos. Además, apuntaron al que fuera presidente de la entidad entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro, como el responsable de poner en marcha estas tarjetas cuya naturaleza no varió durante la presidencia de su sucesor, Miguel Blesa.

En ningún caso reconocieron que hubieran cometido ningún delito ni que hubieran sido desleales en su gestión y, en todo caso, solo aceptaron el cobro de cantidades de forma indebida, lo que únicamente implica una multa.

Así, José Antonio Choclán, abogado de José María Buenaventura y Cándido Cerón Escudero, apuntó que la clave del juicio es analizar que quien dispone de los bienes sociales es quien autoriza un sistema retributivo y el que los recibe lo hace en calidad de bienes propios, por lo que no se les puede atribuir a los 65 beneficiarios delito continuado de apropiación indebida ni administración desleal. «Este procedimiento no tendría que haber durado más de cinco minutos y llevamos tres años; nunca tan poco dio para tanto», dijo la defensa del exconsejero Beltrán Gutiérrez.

«El carácter retributivo de las tarjetas es indiscutible», dijo en la misma línea el letrado de Matías Amat, directivo de Caja Madrid y número tres de Bankia, quien valoró además que su defendido devolvió la cantidad gastada con la Visa en cuanto se la pidieron «antes del inicio del proceso».