Las organizaciones y los partidos políticos, posiblemente, ya no serán lo que eran tras esta crisis. Ha quedado más que demostrado que ni la patronal ni los sindicatos y ni mucho menos la clase política han estado a la altura de la sociedad a la que se deben y representan. Por eso, su única alternativa es renovarse, reformarse y mirar de cara a los ciudadanos. Eso, o desaparecer.

UGT Aragón está viviendo semanas convulsas. Los problemas económicos que sufre el sindicato (al igual que ocurre en otras organizaciones), y que han llevado al impago de tres nóminas, y las tensiones internas en la federación de servicios públicos (FSP) son la prueba palpable de que, al final, los problemas o se solucionan o se enquistan. Y ocultarlos no es la mejor solución.

La denuncia del máximo responsable de la FSP de UGT Aragón, Ignacio Aguar, respecto a que la organización está pagando desde hace años un alquiler en Teruel a un liberado sindical que reside en Zaragoza es solo un síntoma de la enfermedad. Por supuesto, no se trata de un episodio de corrupción, pero cuanto menos carece de sentido común. Los dos ERE aprobados en los últimos años y la ausencia de una gestión preventiva para evitar este y otros hechos, son otros síntomas. El origen de la patología radica en la falta de valentía para afrontar la nueva realidad. Eso, y las vendas que algunos mantienen para no ver peligrar sus prebendas.

Las organizaciones sindicales, empresariales y políticas tienen ante sí un reto mayúsculo. Primero, reconocer los errores y ser transparentes; luego despegarse de su apego a los beneficios mantenidos a costa de otros, y finalmente actuar con coherencia mirando de frente a la sociedad.

Si para algo ha servido la crisis es para sacar a relucir las vergüenzas y para entender que las que no hayan salido a la luz, acabarán haciéndolo.