La venta de preferentes "es un hecho desgraciado con difícil encaje penal", según fuentes jurídicas del proceso a Bankia. Es más, estas fuentes consideran que será "imposible" probar que este producto financiero se comercializó a sabiendas de que la solvencia de Caja Madrid era distinta a la que reflejaban las auditorías y los informes del Banco de España que recogían ganancias en los ejercicios del 2007, el 2008 y el 2009. Esta una de las primeras conclusiones que alcanzan las fuentes consultadas tras declarar siete de los 15 exmandos de Caja Madrid que deben explicar la creación de este producto.

En las declaraciones de ayer, cuatro exmiembros del Consejo de Administración de Caja Madrid reiteraron, como hizo el día anterior Miguel Blesa, que las preferentes se idearon "para mejorar la situación de solvencia de la entidad". También aseguraron que este producto no causó alarma social mientras ellos estuvieron en su cargos hasta el 2010 y que la decisión de comercializarlo no obedeció a problemas financieros. Los exconsejeros atribuyeron el deterioro de la caja en el 2010 a la crisis económica internacional.