El veto a la nueva senda de estabilidad ejecutado por Podemos, ERC, PDECat y Compromís dejará sin más de 2.200 millones de gasto adicional a las comunidades autónomas, de los que 800 millones correspondían a autonomías gobernadas por el PP, que ha votado en contra de los objetivos propuestos por el Gobierno.

El bloqueo del Congreso supone volver a los objetivos de déficit anteriores, establecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y que tanto la Comisión Europea como la Autoridad Independiente de Responsabildiad Fiscal (AIReF) y otros organismos ya alertaron de que no se cumplirían.

En todo caso, las administraciones públicas dispondrán de cinco décimas menos de déficit (unos 6.200 millones), al situarse de nuevo el tope en el 2,2% del producto interior bruto (PIB) (2,7% el acordado con Bruselas por el Gobierno) y, en concreto, dos décimas menos para las autonomías y para la Seguridad Social (unos 5.000 millones).

Catalunya, la comunidad con mayor proporción del PIB total, sería la más afectada, con unos 484 millones de euros menos de capacidad de gasto, seguido de Madrid y Andalucía, con unos 337 millones.

De entre las comunidades gobernadas por el PP, la más penalizada será Madrid, con unos 477 millones menos de gasto; seguida por Galicia, con 132 millones; y Castilla y León, con 123 millones menos para destinar a sanidad, educación y servicios públicos. También afectará a autonomías como Murcia (65,8 millones), La Rioja (17,7 millones) o Ceuta y Melilla, 3,6 y 3,3 millones, al frente de las que también hay un gobierno popular.

"Pequeño ajuste de ingresos"

El Gobierno ya ha advertido de que, pese a este revés, mantendrá sus previsiones y presentará los Presupuestos para el 2019. En ese caso, el Ejecutivo tendrá que hacer "un pequeño ajuste de los ingresos tributarios". Si no se pueden obtener mayores recursos por la vía de la mayor capacidad de margen de gasto que permite Bruselas, habrá que buscar los ingresos "de otra manera", en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

De todas formas, Hacienda sostiene que la afectación para las cuentas estatales, en el caso de tener que volver al déficit anterior, "no es mucha", ya que se trata de una décima de PIB, es decir, unos 1.200 millones sobre un total de más de 125.000 millones. De hecho, el techo de gasto, en vez de experimentar un aumento del 4,4%, como planteaba el Gobierno, crecería el 3,4%.

El castigo mayor será tanto para las comunidades autónomas como para la Seguridad Social, que se embolsan el 80% del mayor margen de gasto previsto para este año. La idea del Gobierno no era solo facilitar este respiro a las comunidades en forma de mayor capacidad de gasto, sino ofrecer un anticipo a cuenta del sistema de financiación que dote de mayor liquidez a las comunidades. Todo ello se hubiera comunicado a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo martes, 31 de julio.