Los coches que se comercialicen en la Unión Europea a partir del año 2030 tendrán que contaminar mucho menos. Concretamente, los vehículos nuevos que se vendan a partir de esa fecha deberán emitir el 37,5% menos de dióxido de carbono -respecto del nivel del 2021- y el 31% en el caso de las camionetas. La Eurocámara ratificó ayer definitivamente estos objetivos, pactados en diciembre pasado con los gobiernos europeos, y cerró el círculo de una legislación que pretende reforzar la transición hacia una economía neutra en carbono.

El plan, avalado con una aplastante mayoría de 521 votos a favor, 63 en contra y 34 abstenciones, recibió muchas críticas por parte de la industria europea. En diciembre pasado, nada más conocer el acuerdo político, la asociación europea de fabricantes de vehículos alertó del «impacto sísmico» que tendrán estos «extremadamente ambiciosos objetivos» en el empleo de toda la cadena de valor del sector de la automoción europeo, que actualmente da trabajo a 13,3 millones de personas.

«Hemos negociado con dureza pero entendemos que una transición a una economía neutra en carbono nos puede ayudar a luchar contra el cambio climático», aseguró Miriam Dalli, la eurodiputada maltesa que ha pilotado la negociación y que recordó la dura presión y oposición que ha sufrido por parte de la industria y de algunos estados miembros contrarios a objetivos más ambiciosos. La decisión final, un compromiso intermedio entre el 35% que defendían los gobiernos y el 40% por el que apostaba la Eurocámara, también incluye un objetivo de reducción del 15% para el 2025. El último paso será la aprobación final en el Consejo.

La Comisión Europea tendrá que vigilar en adelante los metadatos sobre consumo de combustible, para evitar que los fabricantes se salten los nuevos objetivos, y comprobar que corresponden a datos en carretera y no en laboratorio como hasta ahora. Además, deberá decidir para el 2023, como muy tarde, si considera necesario definir una metodología común de evaluación sobre la notificación de los datos. La normativa también contempla que los fabricantes que emitan por encima tendrán que pagar una prima por exceso de emisiones. La Comisión Europea deberá evaluar en el 2023 el posible uso de este dinero, que podría dedicarse a un fondo específico para la reconversión del sector.