Si una semana tiene 168 horas, su jornada puede llegar a ser de 160. Como si de una farmacia de guardia se tratara, deben estar disponibles a cualquier hora del día. Es frecuente que a las que tienen peores condiciones laborales solo les dé el aire de la calle los domingos. Muchas tardan meses o años en salir de la economía sumergida, con todas las inseguridades que ello conlleva. Son las que cuidan a los padres, madres, abuelos o tíos de otros; les dan de comer, los duchan y los limpian. Son las cuidadoras internas.

Una de las comunidades que más manos aporta a este oficio es la hondureña, casi todas dedicadas al empleo doméstico. No porque en su país exista una tradición de cuidados o lleguen con una formación especial, sino porque lo que hay es una gran inseguridad e inestabilidad política. «Miedo», «mafia» y «delincuencia» son algunas de las respuestas más comunes que dan las protagonistas al ser preguntadas por la razón que las llevó a abandonar su tierra natal.

Naomi tiene 36 años y en su patria regentaba un negocio muy similar al que tiene actualmente en Barcelona. «En mi familia siempre hemos vivido de esto», cuenta sentada ante una de las mesas de su restaurante. Si se decidió a venir a España hace cuatro años fue porque no podía afrontar el diezmo que le exigían unos mafiosos locales por mantener su negocio.

El aterrizaje de esta cocinera hondureña sigue el mismo patrón que otras muchas historias. Llegan con el contacto de un conocido que rápidamente les consigue una habitación (pagando) y un empleo de cuidadora interna. Las vías para encontrar trabajos son muy diversas y los grupos de Facebook e incluso páginas web como Milanuncios son opciones a tener muy en cuenta.

Sin permiso de trabajo ni de residencia, es la vía más inmediata de obtener ingresos. Y, dado el tipo de empleo, suele aglutinar a personas que no tienen más alternativa. El oficio de interna tiene un matiz añadido: al ser a dedicación completa y con pernoctación, no comporta gastos de techo o comida. Todo el tiempo de estas mujeres cruza el Atlántico en forma de dinero para ayudar a sus familias. Entre 700 y 800 euros suele ser el sueldo habitual, casi siempre impuesto; suelen reservarse para sí apenas 100 euros.

A Naomi, un accidente laboral que para cualquier asalariado lleva parejo una baja remunerada por incapacidad temporal, la dejó en la calle a los pocos meses de comenzar. Esa inmovilidad la obligó a recuperar su mayor talento y comenzó un pequeño negocio de comida a domicilio -ella cocinaba y su pareja repartía- que ha acabado en La Casita del Hondureño.

Acabar montando un restaurante con los suyos es una de las hipótesis que le ronda por la cabeza a Lisbeth, que actualmente es interna en una casa, cuida a dos niños y hace labores de limpieza. Libra sábados y domingos. Está contenta, pues estar al cargo de los pequeños le recuerda su oficio de maestra en Honduras. Es una persona cultivada, lo que no le ha evitado tener que aguantar comentarios racistas y despreciativos.

Para conseguir el permiso de residencia hay que acreditar tres años de arraigo, y para el de trabajo, seis meses de actividad económica. ¿Cómo conseguirlos si sin ellos es prácticamente imposible trabajar legalmente? Los requisitos de la ley de extranjería empujan a la economía sumergida. Y para pasar el mínimo tiempo posible en ella, empadronarse y apuntarse a cursos de formación son dos puntos clave.

La diferencia entre hacer las cosas bien o mal, en cuanto a legalidad se refiere, tiene un coste en el caso de las trabajadoras del hogar. Concretamente 10.001 euros de sanción a cualquier empleador que se demuestre que ha mantenido una relación laboral con una cuidadora sin darla de alta. Se recomienda a las trabajadoras del hogar, además, denunciar cualquier vulneración de sus derechos laborales, se encuentren o no en situación irregular tanto a nivel residencial como a nivel de permiso de trabajo.

Hacer las cosas mal tiene un coste, aunque también lo tiene hacer las cosas bien. Las cuidadoras internas han sido uno de los colectivos beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros implementada este 1 de enero. La diferencia entre el presupuesto necesario para contratar a una interna legalmente o ilegalmente es sustanciosa. Mientras la vía en negro suele costar entre 700 y 800 euros, la legal requiere costear todos aquellos derechos de los que la gran mayoría de las personas contratantes disfrutan. La jornada que lleva a cabo una cuidadora sin declarar con disponibilidad completa durante toda la semana la deberían realizar dos personas. El coste, entre salario y Seguridad Social, asciende mensualmente a 1.832,6 euros.