Luis Miguel Quílez asegura que aprendió a llevar un tractor antes casi de saber andar. "No conozco ningún antepasado mío que no fuera agricultor", afirma. Y la saga continuará. El año que viene, cuando acabe los estudios específicos, su hijo Daniel, de 20 años, se incorporará a la explotación familiar en Langa del Castillo, cerca de Daroca, donde ya cuenta con un empleado. Cultiva 500 hectáreas de cereal de secano y cría 3.500 cerdos de engorde, pero en junio comenzará a ampliar la granja hasta llegar a 5.000 cabezas en los próximos cuatro meses. "Para poder vivir de esto y mantener la misma renta, el negocio tiene que ser grande, porque cada año los márgenes son más pequeños", lamenta. Si no creces, decreces es su filosofía. "Pero esto es lo que me ha gustado siempre porque creamos la alimentación de las personas", resume feliz.
La pasión que siente por su vocación desde que era un niño no le impide reconocer los problemas que sufre el sector. El principal: unos precios justos acordes con los costes de producción que permitan competir en un mundo globalizado en igualdad de condiciones. "Mi padre nunca tuvo que pedir un crédito. Con un kilo de trigo compraba dos de abono y un litro de gasóil. Ahora, para comprar lo mismo, necesito cinco kilos de trigo", se queja Quílez.
Desprofesionalización
Para compensar estas desventajas, la Unión Europea subvenciona a los agricultores y ganaderos mediante la Política Agrícola Común (PAC), uno de los instrumentos institucionales más antiguos e importantes de Europa. Se lleva la mayor parte del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 --un 37,8%-- y determina las políticas agrarias que aplican los estados.
Quílez es crítico con la PAC. "En la última reforma han desaprovechado la oportunidad de apoyar más al agricultor en activo, al que va al campo cada día a producir", considera. "Los que hacen las normativas en Europa no saben nada del sector, deberían hacerles gestionar una explotación agraria durante cinco años para que conozcan la realidad. Tendrían que aplicar más el sentido común", denuncia. Según él, las ayudas de la PAC "han desprestigiado al sector, la gente cree que solo vivimos de subvenciones". "Son negativas porque han desprofesionalizado la actividad, pero a día de hoy son imprescindibles. Si no, desapareceríamos todos", admite antes de insistir: "Prefiero precios justos antes que ayudas".
El origen del problema de los precios está en la liberalización del mercado. Desde finales del siglo XX la UE ha ido eliminando los mecanismos de regulación. La PAC 2014-2020 no solo contará con un presupuesto a la baja por primera vez en la historia, sino que continúa con la tendencia liberalizadora que, a juicio de los productores, les perjudica a ellos y a los ciudadanos europeos y beneficia a las grandes cadenas de distribución de alimentación.
Distintas reglas de juego
Por un lado, la UE impone requisitos de calidad que incrementan los costes de producción de los campesinos europeos, mientras "a los extranjeros no se le exigen los mismos requisitos, por lo que pueden bajar los precios hasta hundir el mercado". Esta situación es para los productores una desventaja competitiva y un riesgo para los ciudadanos, porque no todos los alimentos están producidos bajo los mismos estándares de calidad. Y como el mercado está controlado por un oligopolio de distribuidores, ellos ponen los precios de compra en el origen y los de venta al consumidor final. "Mientras los agricultores y ganaderos lo pasamos mal, el consumidor paga caro y las grandes cadenas de supermercados aumentan sus beneficios", denuncia Quilez, de 48 años.
Las aportaciones de la PAC también se antojan decisivas para poder cumplir con la normativa y los requisitos medioambientales, por ejemplo en materia de bienestar animal. "Mis cerdos tienen calefacción, paredes alicatadas... Hay personas que viven en peores condiciones", garantiza. "Esto hay que mamarlo porque es una profesión complicada. Cada día se necesita más formación. Hay mucha burocracia alrededor del campo y si no eres un auténtico profesional, esto te puede superar", avisa Quílez, que pertenece a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).
La potenciación del modelo social y profesional de agricultura en la nueva PAC, la innovación al servicio de las pequeñas y medianas explotaciones, políticas de regulación de mercados, preferencia comunitaria y equivalencia normativa para productos europeos e importados, recursos contra el cambio climático y la creación de cadenas agroalimentarias de valor compartido están entre las líneas de actuación que reclaman las organizaciones agrarias españolas a los partidos políticos ante las elecciones del próximo día 25.
