El medio ambiente es una de las materias en las que la huella de Europa se ha plasmado con más fuerza en Aragón. Si la gestión del agua ha sido fundamental en las políticas que se llevan a cabo desde el siglo XIX, este hecho todavía es más evidente en la comunidad, donde solo la defensa de este recurso logró que cientos de miles de ciudadanos se rebelasen contra la amenaza del trasvase.

Lo cierto es que, aunque Europa no veía con buenos ojos la macrocesión de aguas del Ebro, el trasvase fue tumbado no por la Unión Europea, sino en las urnas con el cambio de gobierno del popular José María Aznar al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Este rubricó el fin del trasvase --aunque luego puso en marcha una política de minitrasvases-- en un decreto ley que se basa precisamente en la directiva marco del agua, la biblia por la que deben perfilarse las políticas europeas en esta materia.

Ya en ese decreto se alegan las razones por las que el trasvase era contrario a los principios europeos. La primera, que precisamente por este hecho era imposible obtener financiación con cargo tanto a Fondos de Cohesión como al FEDER. Pero también que con el trasvase no se garantizaba el cumplimiento de las cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas, dado que que en ningún caso el desarrollo futuro de la cuenca cedente podía verse comprometido, ni quedaba asegurado el caudal ambiental.

Los 'peros'

Además, la directiva establece también que las transferencias entre cuencas solo deben plantearse cuando se hayan optimizado los recursos hídricos de cada cuenca. Tampoco respetaba el trasvase el principio de recuperación de los verdaderos costes, dado que su aplicación hacía inviable económicamente la utilización de los recursos aportados para el regadío.

El trasvase se derogó, pero la directiva sigue definiendo la gestión del agua con un marco comunitario de actuación con el objetivo de prevenir y reducir la contaminación de las masas de agua y fomentar su uso sostenible. De este modo, la directiva adopta un enfoque de la política de aguas basado en el concepto de ecosistema y su uso sostenible --es decir, primero protección y luego aprovechamiento, si se puede, y no al contrario--, aunque este concepto se ha relegado en la normativa española de política de aguas. No obstante, ejemplos de este tipo de política ambiental se aplicaron en la gestión de la Confederación del Ebro (CHE) de José Luis Alonso, en la época Zapatero.

En todo caso, Aragón ha aplicado ya los preceptos que establece la directiva en materia de vigilancia de la calidad de las aguas con la puesta en marcha de una red que incluye más de 200 puntos de control, en los que se analiza la presencia de tóxicos. También Europa estableció la figura del Registro de las Zonas Protegidas, que incorporan las aguas destinadas a consumo humano, las de baño, o las consideradas como especialmente sensibles. Y se evalúa el estado de las masas de agua de los ríos, igual que de las subterráneas. Por eso Europa supone, en términos aragoneses, una limitación a las explotaciones de porcino en comarcas como las Cinco Villas o el Bajo Cinca.

La Unión Europea considera tan importante la gestión de las cuencas de los ríos que ya ha multado a España por el retraso en la redacción de los planes hidrológicos. De momento, España ha enviado a la Comisión Europea y a los Estados Miembro, un total de 15 planes hidrológicos de cuenca, del total de 25 demarcaciones hidrográficas del conjunto del país. El objetivo, todavía no alcanzado, era que la primera fase de planificación hidrográfica debía concluir en esa fecha para iniciar la fase de revisión, que culmina en el 2015.

El cumplimiento con la Directiva Marco del Agua también impulsó el Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de Aragón, la actuación medioambiental de mayor envergadura de la comunidad. De este modo, la norma europea introduce el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los medioambientales y de gestión del recurso, basándose en el principio de quien contamina paga.

Aplicando en ese principio, el Ejecutivo aragonés crea el canon de saneamiento, un impuesto de finalidad ecológica que ha levantado cierta polémica en la comunidad, sobre todo por la obligatoriedad de pago de municipios --fundamentalmente en el Pirineo-- sin depuradora.