El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, apeló ayer al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril a que derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que se permita que las entidades locales puedan destinar su superávit a inversiones, con el fin de combatir la despoblación, algo que prohíbe la citada ley.

Actualmente, la norma impide que los ayuntamientos puedan decidir qué hacen con ese sobrante.

Sánchez Quero explicó antes de la celebración del pleno ordinario de la DPZ en el que se someterá a aprobación la liquidación presupuestaria del 2018, que la institución «ha hecho los deberes» porque se presentan unas cuentas con un superávit de 13,2 millones de euros y una liquidación presupuestaria de 45,5 millones.

Eso significa que se ha cumplido la ley de estabilidad presupuestaria, el techo de gasto y la deuda se amortizó a 31 de diciembre y hay «deuda cero».

Con esta liquidación presupuestaria, se está trabajando en convocar un plan de inversiones «financieramente sostenibles» de 14 millones de euros y quedarían 31 millones de ahorro neto «en los bancos», que por la ley de estabilidad no se pueden destinar a inversiones. Por eso instó al nuevo Gobierno bien a que derogue la ley o bien a que permita que el ahorro neto, cifrado en 31.000 millones para todas las entidades locales de España, se pueda invertir.

Según el presidente de la DPZ, «ya está bien» de que se utilice a las corporaciones locales para «controlar» el déficit de otras administraciones, como las autonomías o la propia Administración General del Estado.

Lo cierto es que el actual Gobierno, con el socialista Pedro Sánchez al frente, no ha reparado en esta cuestión tan reclamada por muchos ayuntamientos durante los meses que lleva al frente de la presidencia.